MEF dicta medidas de austeridad: ¿Qué tan efectivo es este plan para reducir el gasto público en el corto plazo?

El último jueves, el gobierno publicó el decreto de urgencia estableciendo medidas extraordinarias con el objetivo de contribuir en la austeridad del gasto público para este año; en línea con los anuncios que realizó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, durante CADE Ejecutivos 2025.

El decreto, publicado en edición extraordinaria de El Peruano, apunta a que el Perú cumpla con la regla fiscal del 2025, que es de un límite de déficit de 2,2% del PBI. Cabe recordar que se incumplió esta regla en el 2023 y 2024.

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Ya en setiembre, el déficit anual era de 2,4%.

Miguel Alzamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), mencionó que estas medidas ocurren en un año de recaudación extraordinaria, debido a la regularización en la declaración del impuesto a la renta, la venta de una empresa eléctrica y el pago de la multa tributaria hecha por una compañía financiera.

“Lo que busca este decreto es tratar de ajustar un poco el gasto público. Establece partidas muy puntuales sobre las cuales ajustar el gasto para el 2025″, acotó.

Con las medidas adoptadas, el MEF estima ahorrar S/1.200 millones. Como dijo Miralles en CADE Ejecutivos 2025, se tenía planeado invertir dicho monto en un programa de eficiencia de gasto para mejorar los indicadores de seguridad ciudadana.

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¿El decreto contribuye a que el país pueda cumplir con la regla fiscal hacia el cierre de año? Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, sostuvo que la medida es bien recibida, pero que su impacto será menor.

“Esto es menos de 0,1% del PBI. Es lo que se tiene que hacer, pero duda que sea suficiente”, acotó.

El también exministro de Economía explicó que la medida es insuficiente debido a que la ley de presupuesto se suele aprobar a fin de mes, pero que usualmente se incluyen diversas disposiciones con efectos en diciembre.

Asimismo, señaló que el gasto público suele repuntar en el último mes del año.

A su vez, Alzamora señaló que el ajuste de gasto que establece la medida puede llevar a que el país alcance la meta fiscal de este año, pero precisó que se trata de una medida cuyo efecto es hasta diciembre.

¿Consolidación fiscal?

Pese a la posibilidad de que el gobierno pueda alcanzar la regla fiscal de 2025, para el 2026 la situación no sería similar. Alzamora indicó que en el año electoral nuestro país no registrará ingresos extraordinarios en la recaudación fiscal, además de que no se han establecido limites de gasto público (en especial en el gasto corriente).

“Hay que hacer un poco más de énfasis en el panorama fiscal hacia el 2026. Ahí podría darse nuevamente un incremento en el desequilibrio fiscal y, quien sabe, un nuevo incumplimiento de la meta”, apuntó.

En esa línea, Castilla consideró que el decreto no marca el retorno del gobierno a la disciplina fiscal, dado que, al ser el 2026 un año electoral, podrían existir incentivos a que haya un mayor gasto público.

“Hay muchos supuestos para ir hacia una tendencia de consolidación fiscal. Vamos a verlo en el debate de la Ley de Presupuesto”, apuntó.

Por ello, consideró que lo central es la contención del gasto corriente. Un aspecto que puede contribuir a dicha contención, explicó, es hacer vinculante el registro de planillas en el aplicativo centralizado del MEF, además de hacer que la partida de bienes y servicios sea más discrecional.

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Asimismo, señaló que hay aspectos a tratar como la evasión fiscal en el país y establecer candados para el gasto corriente, además de de plantear proyectos de inversión pública alineados con la sostenibilidad del país.

“Todos los proyectos que se están anunciando tienen un alto nivel de cofinanciamiento. Ninguno de estos proyectos se va a dar en el corto plazo, pero creo que si sigue la tendencia de usar mecanismos heterodoxos como financiamiento contingente, todo esto va a presionar el lado del gasto”, expresó.

A su vez, Alzamora consideró que un paso hacia la consolidación fiscal es ser minuciosos con las partidas de remuneraciones y con la inversión pública, cuya ejecución suele aumentar en el último año de funciones.