El Indecopi concentra mucho poder. Cada vez se hace más notorio. Acaba de aprobar bajo condiciones la operación de compra de Terpel por el Grupo Primax. No solo le impidió adquirir cierto grupo de estaciones de servicios, sino además le prohibió celebrar nuevos contratos de distribución exclusiva de combustibles por los siguientes 10 años en ciertas zonas. Meses atrás denegó la autorización para la adquisición de Agrícola del Chira S.A. por otro agente. Los ‘matrimonios empresariales’ ahora requieren de la venia del Indecopi. Sin ello, ¡no hay ‘matrimonio’ ni negocio!
Esto es una muestra muy pequeña del poder que concentra el Indecopi. Tanto poder junto puede despertar el apetito de políticos y otros amantes del poder para propósitos non sanctos. La tentación es muy grande. Recientemente el Gobierno Español ha metido mano en la adquisición del Banco Sabadell por parte del BBVA –operación previamente aprobada por la autoridad de competencia– para imponer condiciones motivadas por razones puramente políticas que podrían afectar la continuidad de la operación.
La estructura actual del Indecopi y los procesos de designación de funcionarios no garantizan que este poder no caiga en manos equivocadas. Si bien la ‘suerte’ nos ha acompañado gran parte del camino, no siempre ha sido así. Durante el gobierno de Toledo, el Indecopi cayó en manos de uno de sus ‘amigotes’, quien terminó envuelto en una serie de escándalos y cuestionamientos judiciales (Almeida). A comienzos de este gobierno, la dirección cayó en manos de un excandidato al Congreso del partido de gobierno (Palacín), cuyo perfil generó mucha preocupación e incluso la renuncia de algunos funcionarios. ¡Con el próximo gobierno tendremos que encomendarnos nuevamente a la Cruz de Motupe!
Varios reportes de organismos independientes han destacado esta debilidad. En lo que va de este gobierno (ya de salida), nada se ha hecho por mejorar la situación. Los proyectos de ley que buscaban dar autonomía constitucional al Indecopi y una designación más transparente de su consejo directivo (Tudela y Juárez) han naufragado en el Congreso. La reforma constitucional es compleja y no constituye una solución a prueba de balas. La autoridad de competencia Mexicana (Cofece) –quien tenía autonomía constitucional y era el antecedente usado como respaldo en dicho proyecto– terminó siendo disuelto de un plumazo por Andrés Manuel López Obrador a fines del año pasado. No es necesaria una reforma constitucional para atender el problema. Basta con modificar la ley de creación del Indecopi ajustando los procesos de designación y los requisitos para ocupar cargos. Un proyecto de ley presentando recientemente (Revilla Villanueva) va por este camino. Sería ideal que el Banco Central de Reserva tenga a su cargo los procesos de designación de algunos funcionarios (vocales del tribunal), como sucede en Chile. Ojalá que no se elimine la posibilidad de participación del sector privado en algunos cargos (miembros de Comisiones y Tribunal) forzando la dedicación exclusiva. Esto ha permitido garantizar la independencia de la organización en las épocas más oscuras. Esperamos que algo bueno salga de todo esto. Papa chiclayano… ¡ruega por nosotros!
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