Una de las características fundamentales de la política fiscal expansiva del gobierno actual ha sido el constante aumento de los recursos destinados a inversión pública. Según el Banco Central de Reserva, la inversión pública total en el país se ha incrementado en los tres primeros trimestres del año de manera consistente en relación con el 2023. Así, dichas tasas de crecimiento fueron de 39,9%, 16,2% y 18,8% para el primer, segundo y tercer trimestre del año respectivamente. En términos de la utilización de esta variable macroeconómica para incidir de manera positiva en el PBI, la estrategia ha resultado coherente dado que, según lo proyectado por el mismo BCR, este año creceríamos por encima del 3%, a diferencia del año pasado en el que se registró una caída del 0,6%.
Esta estrategia de expansión de la inversión pública no sólo se ha centrado en la mayor disponibilidad de recursos por parte del gobierno nacional, sino que también ha venido acompañada de una mayor disponibilidad de recursos por parte de los gobiernos subnacionales, quienes ejecutan casi las dos terceras partes de la inversión pública total. En el caso específico de los gobiernos regionales, la mayor disponibilidad de recursos para ejecutar proyectos es la más alta desde que ellos se crearon. Este año, al 30 de noviembre, según la consulta amigable del MEF, los gobiernos regionales ya habían ejecutado más de S/11 mil millones en inversión pública, cifra que supera los S/10.102 millones del año pasado y que representa el doble de lo que se ejecutaba normalmente en un año pre-pandemia. Los gobiernos regionales que encabezan las lista con mayores montos de inversión pública ejecutada en los 11 primeros meses del 2024 corresponden a Piura (S/1.000 millones), Loreto (S/918 millones) y Cusco (S/908 millones).
Si bien se verifica este muy significativo mayor gasto de inversión a nivel descentralizado en lo que va del presente gobierno, las cifras de las encuestas realizadas por el INEI (ENAHO y ENAPRES) no muestran todavía alguna incidencia positiva en la mayor disponibilidad o calidad de los servicios públicos a los ciudadanos en sectores como educación, salud, agua y transportes, para mencionar solo algunos. Según el índice regional de eficiencia de la inversión pública que elabora Videnza, el sobrecosto por encima del valor del expediente técnico de la ejecución de proyectos en las regiones es, en la actualidad, del 23% en promedio, habiendo casos como el de Pasco cuyo sobrecosto duplica ese promedio. Asimismo, de acuerdo con el mismo índice, en lo que va del año el retraso de los proyectos que se vienen ejecutando por los gobiernos regionales supera los 1.000 días en promedio.
Esta mayor disponibilidad de recursos no sólo responde a la estrategia de expandir el gasto interno para compensar la ralentización del crecimiento de la inversión privada y así incidir en el crecimiento del PBI sino, también, en la necesidad de buscar apoyo político en las regiones para un gobierno cuya aprobación es de apenas un dígito. Sin embargo, el costo de esta política expansiva ya empieza a pasar la factura. El último reporte de la Contraloría General de la República muestra que el valor de las obras paralizadas en el país se ha incrementado significativamente entre el año pasado y este 2024 y asciende a los S/43 mil millones y, seguramente, su siguiente informe sobre corrupción no presentará cifras alentadoras.
