Focalización para atender el hambre, por Carolina Trivelli

El impacto conjunto de los altos precios de los alimentos y la pobreza agrava la preocupante situación de inseguridad alimentaria en el Perú, y genera una emergencia alimentaria en los sectores más vulnerables.

El empobrecimiento causado por los años más duros de la pandemia nos dejó con 30% de los ciudadanos sin capacidad para abastecerse con lo mínimo. Entre ellos, más de 1,5 millones de personas están en situación de pobreza extrema. Es decir, personas que, incluso si usan todo lo que tienen a su alcance para alimentarse, no lograrían cubrir la canasta básica alimentaria.

MIRA | Congreso aprueba exoneración del IGV a productos alimenticios: ¿En qué consiste la medida y cuál será su impacto?

La pobreza exacerba la tendencia creciente en la inseguridad alimentaria, que hoy se agrava además con la alta inflación global. En promedio, en el período 2018-2020, se estima que el 47,8% de los peruanos enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o grave, diez puntos porcentuales más que en el trienio anterior. Son 6,2 millones de peruanos en inseguridad alimentaria grave. Es decir, personas que se quedaron sin alimentos o que estuvieron todo un día sin comer [ver infografía].

Ante la confluencia de una creciente inseguridad alimentaria, pobreza y altos precios, hay que actuar para garantizar que ningún ciudadano, ningún niño o niña, sin importar su condición social, la zona en la que viva o las características de su hogar, pase hambre.

TAMBIÉN EN ECONOMÍA | El verdadero impacto en nuestro bolsillo tras la exoneración del IGV a algunos productos básicos

Como el hambre no espera, urgen medidas inmediatas, temporales y focalizadas que complementen las medidas más generales tales como la rebaja temporal del Impuesto General a las Ventas –que se sabe tendrá poco impacto en aliviar el hambre de los más pobres– o la saludable decisión del Ejecutivo de crear una comisión multisectorial para proponer en 120 días acciones para la atención alimentaria a favor de la población vulnerable. Esa comisión es presidida por el Midis y con participación de seis sectores.

Las medidas

El Midis tiene herramientas para actuar rápidamente mientras se trabaja un plan multisectorial de mediano plazo. En primer lugar, habilitar un bono alimentario temporal para familias en situación de pobreza extrema. Esto puede activarse rápidamente en la medida que estas familias estén adecuadamente identificadas. Se puede entregar un bono complementario y temporal a receptores de programas sociales focalizados (Juntos, Pensión 65, Contigo) o un apoyo temporal vía otros canales también: rebaja en los recibos de electricidad, incrementos adicionales al FISE, etc. Tenemos mecanismos que ya llegan a una porción importante de los más pobres [ver cuadro 2].

En segundo lugar, potenciar Qali Warma. No solo para que vuelva a operar en las escuelas, entregando raciones o permitiendo preparar alimentos en la escuela a partir de canastas de alimentos, sino para que temporalmente incluya una segunda ración (como se entrega en los distritos con mayor pobreza) allí donde la pobreza subió más durante la pandemia. Esto exigirá tener un nuevo mapa de pobreza –que actualice el del 2018– y el uso de otros indicadores distritales para priorizar.

En tercer lugar, incrementar y agilizar el apoyo a comedores populares y ollas comunes, desde el Midis y en alianza con los gobiernos locales, que ya tienen registros georreferenciados de miles de comedores y ollas. Se puede variar la modalidad de apoyo para hacerla más ágil y transparente, y en vez de entregar productos, se podrían reemplazar o complementar con la entrega de dinero, vía transferencias, para que los comedores y ollas puedan abastecerse y ampliar su alcance.

Todo ello requiere gestión. Requiere potenciar el uso (y la calidad) del registro nacional para focalizar; requiere sumar al Banco de la Nación y potenciar el uso de CuentaDNI, que ya tiene 1,8 millones de cuentas activas, y consolidar las alianzas con las distintas billeteras electrónicas (que llegan a más de 10 millones de peruanos); requiere usar más tecnología para el monitoreo, validación y control. Todo ello ya está al alcance del sector público.

Estas medidas cuestan, exigen recursos fiscales extraordinarios y temporales. Pero cuesta más –en el corto y largo plazo– tener hambre. El hambre trae más pobreza y desigualdad. Las medidas mencionadas son más efectivas que rebajar el IGV y tienen impacto inmediato en los sectores más vulnerables. Son medidas que deben incluir cláusulas de salida, de extinción, que se activen al lograr reducciones sostenidas en el hambre y la inseguridad alimentaria.

Ante la emergencia alimentaria, urgen medidas extraordinarias e inmediatas como parte de una cruzada nacional contra el hambre.