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La facturación comercial indebida es uno de los desafíos pendientes de países como el Perú. (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa)
Por Redacción EC
En Perú entran y salen un aproximado de US$ 10.000 millones cada año como movimientos de los flujos financieros ilícitos (FFI) relacionados a actividades de comercio, es decir como parte de las prácticas de elusión y evasión fiscal.
En Perú entran y salen un aproximado de US$ 10.000 millones cada año como movimientos de los flujos financieros ilícitos (FFI) relacionados a actividades de comercio, es decir como parte de las prácticas de elusión y evasión fiscal.
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Este dinero equivale al 4,5% del PBI del país y se podría cubrir rubros elementales del presupuesto nacional: el 118% del gasto en educación, el 183% del gasto en salud y el 512% del gasto en protección social.
Este es uno de los principales hallazgos de la investigación “Flujos financieros ilícitos en Perú y su impacto en la garantía de los derechos humanos” de Rodolfo Bejarano para la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).
Este documento es una aproximación de los montos que se pierden mediante lo que constituye la principal fuente de FFI: la falsa facturación comercial, tomando como caso el Perú y cómo es afectada la capacidad del Estado peruano para dar respuesta a la pandemia del COVID-19 y de garantizar los derechos humanos.
Uno de los principales canales usados para movilizar los FFI está vinculado a las operaciones de comercio internacional que se da entre los países y que da lugar al abuso fiscal vinculado a la facturación indebida, ya sea por subfacturación o sobrefacturación de las exportaciones e importaciones, lo que es facilitado por la existencia de la red de guaridas fiscales y la opacidad financiera y corporativa.
Representantes de Latindadd indicaron que es indispensable contar con las evidencias que permitan visibilizar la necesidad de combatir las prácticas contables perniciosas que son ejecutadas por corporaciones e individuos que terminan afectando los sistemas fiscales de los países en desarrollo y, en especial, de los países latinoamericanos.
El reporte evidencia que es necesario plantearse la necesidad de contar con medidas adecuadas a nivel nacional y la implementación de un sistema global con mayor transparencia y reglas tributarias, comerciales y financieras más justas, lo que permitirá a nuestros Estados recuperar esos recursos tan necesarios para invertirlos en las personas y en su bienestar.
Tareas urgentes
La facturación comercial indebida es uno de los desafíos pendientes de países como el Perú, pues tienen una alta vulnerabilidad frente al comercio bilateral con aquellos otros con los que se ha consolidado relaciones comerciales, incluso a través de la firma de tratados de libre comercio, tales como Estados Unidos, China y algunos países europeos.
Los FFI son un problema global y es necesario que se adopten medidas a nivel nacional e internacional de manera coordinada para reducir y eliminar la falsa facturación en el comercio.
De acuerdo a la publicación de Latindad, algunas recomendaciones de política en el ámbito nacional serían: fortalecer las entidades que luchan contra el fraude aduanero, la evasión fiscal y otros delitos financieros, tales como las aduanas, unidades de inteligencia financiera y administraciones tributarias; así como adoptar una legislación donde se tipifique claramente el delito y las sanciones a los responsables.
A nivel internacional se recomienda: mejorar los registros y el seguimiento de las relaciones económicas bilaterales; adoptar o mejorar las medidas relacionadas a transparentar la información financiera y corporativa; tener posiciones negociadoras conjuntas en las negociaciones multilaterales que traten asuntos comerciales, de inversión o de impuestos; y apostar por una nueva gobernanza tributaria regional y global.
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