Petro-Perú: ¿Por qué se niega a entregar información vital a ProInversión?

Petro-Perú asevera estar comprometido con la reorganización patrimonial dispuesta por el DU 010-2025. Sin embargo, llaman la atención las recientes movidas de altos funcionarios que venían colaborando con ProInversión; la exgerente general, Rita López, acaba de recibir una carta de pre-despido.

Se trata, a decir de fuentes internas de la petrolera, de una política “encaminada a eliminar a todas las personas que pueden impulsar la reorganización de la empresa y apoyar a ProInversión en esa tarea”.

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De allí la preocupación de la agencia de promoción de las inversiones, manifestada en múltiples oficios enviados a Petro-Perú, ya sea conminándolo a no realizar cambios en la alta dirección (oficio N° 20-2026) o solicitándole la entrega de información relacionada con las movidas ya ejecutadas (oficio N° 26-2026).

Hablamos de pedidos que no han sido atendidos, en ninguno de los casos, por la empresa estatal.

Particularmente llamativo, en ese sentido, es su negativa a proporcionar las actas y documentos de ‘entrega de cargo’ de los gerentes relevados, y los expedientes administrativos del nuevo personal encargado.

Así lo revela un oficio enviado por la gerencia general de Petro-Perú a ProInversión el pasado 18 de mayo. Dicho documento justifica la no entrega de la documentación bajo la premisa de que esta no se encuentra comprendida “de manera expresa ni implícita” dentro del ámbito del DU 010-2025.

“Asimismo, debe considerarse que la información solicitada comprende documentación de naturaleza interna y potencialmente sensible para la empresa”, refiere el oficio.

Gobernanza

Para el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, lo que Petro-Perú está diciendo con esto a ProInversión es: “gracias compadre por la plata [los US$2.000 millones del nuevo rescate del Gobierno] pero yo hago lo que me da la gana”.

Y es que Petro-Perú ha vuelto a la misma situación gris de antes de la dación del DU 010-2025 (1 de enero de 2025), cuando la extitular del MEF, Denisse Miralles, acusaba dificultades para acceder a información real y operativa de la compañía debido a la “falta de transparencia” de funcionarios interesados en “mantener el statu quo", según dijo en su momento.

HOSTIGAMIENTO

Pero eso no es todo. Este Diario supo que la actual administración de la estatal estaría yendo todavía más lejos, buscando el despido de funcionarios, como Rita López, exgerente general, quien lideró el proceso de reorganización en sus inicios (enero y febrero del 2026).

Ella formalizó el pasado 8 de mayo una denuncia por hostilización laboral ante Sunafil, responsabilizando al actual gerente general, Gustavo Villa, por la degradación de su cargo (a supervisora) y “represalias por impulsar la reestructuración de la empresa”.

Así, sucede que la funcionaria terminó recibiendo, pocos días después, una carta de pre-despido bajo pretextos poco convincentes.

De acuerdo a fuentes internas de la estatal, lo que buscaría la administración de Petro-Perú con el despido de López es enviar una señal de advertencia a todos los que apoyan la reorganización.

“A ProInversión le están poniendo muchos obstáculos para poder ejecutar la reorganización de Petro-Perú, y el principal de todos son las gerencias. Si los mismos gerentes de siempre van a seguir allí, nunca se va a poder realizar la restructuración patrimonial”, manifiestan las fuentes consultadas.

LA AUDITORÍA

Agregan que dicha hostilización estaría siendo extensiva al gerente de cumplimiento, a quien estarían conminando a que “saque un informe contrario a la auditoria forense” otorgada en noviembre pasado a la brasileña Alvarez & Marsal.

Esto, luego de que el mismo gerente presentara y rubricara un informe técnico (GCUM-0204-2026) recomendando la conveniencia de “continuar con la contratación del referido servicio”.

Como se sabe, la gerencia general de Petro-Perú declaró el pasado 10 de abril la nulidad de la buena otorgada a la brasileña, contraviniendo el informe presentado por la gerencia de cumplimiento.

El análisis forense tiene por objeto analizar “si las decisiones y modificaciones que afectaron al monto de inversión y el plazo de construcción de la refinería de Talara cuentan con sustento legal, contractual, técnico, económico y salvaguardaron los intereses de Petro-Perú, de acuerdo a la normativa aplicable, incluyendo el desempeño operativo actual de la refinería, así como el análisis de pérdidas operativas, identificando presuntas irregularidades y responsables, de ser el caso”.