Rescataron a Petro-Perú y se olvidaron de El Niño

Entre el 2022 y el 2024 el Estado Peruano ya desembolsó más de S/17.000 millones para salvar a Petro-Perú, entre capitalizaciones, préstamos y garantías. En ese mismo período, mientras la petrolera recibía rescate tras rescate, las obras que debían protegernos del próximo fenómeno de El Niño quedaron, en su mayoría, sin ejecutar. Ese es el país que Keiko Fujimori hereda el 28 de julio: uno que encontró siempre la plata y la urgencia para salvar a una empresa, pero nunca el mismo apuro para proteger a la gente del clima.

Y el patrón no se detiene con el cambio de gobierno. Petro-Perú tiene un nuevo salvavidas de US$2.000 millones aprobado desde enero, con un primer tramo de US$500 millones ya listo para entregarse, pero se resiste a firmar el documento que activaría el desembolso porque no quiere la supervisión que viene con él. Pro Inversión advirtió el 20 de julio que la petrolera “a la fecha... no cuenta con los acuerdos adoptados por su directorio”, pese a que su presidente había asegurado lo contrario ante el Consejo de Ministros días antes. Moody’s calificó de “incierta” la ejecución del apoyo. Lo que está en juego no es solo la plata: es el mecanismo de auditoría sobre los embarques de crudo que la propia empresa preferiría evitar.

Ese comportamiento tiene una explicación que va más allá de este último salvataje: Petro-Perú no quiere que le toquen la planilla. Especialistas del sector han señalado que la empresa mantiene más de 80 “gollerías” que van más allá del sueldo y la gratificación, sostenidas por sindicatos con peso suficiente para incidir en las decisiones del directorio, en una empresa que –según el IPE– pierde mil dólares por minuto. Cada rescate, en los hechos, terminó protegiendo ese modelo antes que la viabilidad de la empresa o la plata de todos los peruanos.

La otra mitad de la historia es más grave todavía. La Cámara de Comercio de Lima advirtió que más de S/11.600 millones en obras de prevención permanecen sin ejecutar, con proyectos suspendidos y avances mínimos en regiones expuestas como Lambayeque. Y no es solo un problema de obras paralizadas: el propio equipo de transferencia de Fujimori, al revisar la gestión saliente de Balcázar, detectó irregularidades y advirtió que carteras claves –Defensa, Desarrollo Agrario y Riego, Economía y Producción– ni siquiera habían elaborado un plan de contingencia frente al fenómeno. Se rescató a una empresa. No se preparó al país.

Ahí está la decisión real que enfrenta Keiko Fujimori, y ya no es solo técnica: es de prioridades, con la evidencia de años acumulada en su contra. Puede seguir el mismo camino –alimentar a una petrolera que arrastra deudas millonarias y protege una planilla dorada– o puede romperlo: exigir la reorganización que Petro-Perú ha evitado durante años como condición innegociable para cualquier sol adicional, y destinar el músculo fiscal restante a terminar las obras y armar los planes de contingencia que su propio equipo ya confirmó que no existen.

No hay forma honesta de sostener ambas cosas al mismo ritmo. La pregunta que debe responder el nuevo gobierno, desde el primer día, no es cuánto dinero más darle a Petro-Perú, sino por qué el país sigue actuando como si el clima pudiera esperar tanto como esperó la petrolera. El clima no espera. Y esta vez ya no hay excusa de no haberlo sabido.