¿A la segunda va la vencida?

Entre los múltiples frentes en los que tiene que operar con urgencia y audacia el gobierno de Keiko Fujimori –algunos autoimpuestos como la prometida alza del sueldo mínimo–, la profunda crisis financiera y operativa de Petro-Perú es, sin duda, uno de los más complejos.

El regreso de Oliver Stark a la presidencia de la petrolera estatal envía el mensaje correcto, pero, como su experiencia anterior en este puesto demuestra, implementar las acciones necesarias para encontrar una salida al laberinto en el que la empresa está atrapada es bastante más complicado que renovar un directorio.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha dicho que los nuevos directores están totalmente empoderados y es más fácil creerle que a los funcionarios del gobierno de Dina Boluarte que pusieron a Stark en ese puesto en junio del 2024 y lo forzaron a renunciar en setiembre de ese año al demorar la aprobación de la reestructuración profunda y creíble que había exigido.

Sin embargo, el raudo retroceso del gobierno en la reducción del número de feriados permite seguir dudando respecto a su voluntad de tomar decisiones políticamente costosas pero técnicamente necesarias. Los caminos siguen siendo, más o menos, los que trazó Stark en el 2024: seguir regalándole dinero a la petrolera, reconocer la realidad y declarar su quiebra o implementar una profunda reestructuración.

La inviabilidad de las dos primeras opciones es evidente, pero la tercera no ha pasado del papel a la realidad. La exigencia de una reorganización como condición para los rescates financieros está en todos los decretos de urgencia que le han regalado dinero a Petro-Perú en los últimos años y también está en el emitido por el gobierno de José Jerí para permitirle a la petrolera acceder a un financiamiento de US$2.000 millones que tutelará Pro Inversión. Pero, hasta ahora, poco o nada se ha avanzado en ese camino.

Las decisiones que tendrán que tomarse pronto son, si se permitirá, ahora sí, el ingreso de capital y manejo privado a la petrolera y cómo se utilizará ese financiamiento para garantizar que dejemos de cometer el imperdonable pecado de seguir echando recursos públicos al agujero financiero en el que se ha convertido Petro-Perú.

El ministro de Economía parece tener las cosas claras. Lo que habrá que ver es si el gobierno logra romper la inercia e imponer su agenda reformista en temas impostergables, como la crisis de Petro-Perú, la abundancia de regímenes tributarios y laborales, la informalidad, la ineficiencia del Estado, la sobrerregulación, el avance de la minería ilegal y la irresponsabilidad fiscal.