TPParacas presentará recurso ante el CIADI por obras en el Puerto de Pisco

Ayer, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) declaró infundado el recurso de apelación presentado por la empresa Terminal Portuario Paracas (TPParacas), la cual está a cargo del proyecto de modernización del Puerto de Pisco, oficialmente conocido como el Puerto General San Martín, en Ica.

“Lamentablemente, en estos momentos nos estamos preparando para el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). […] Es lo último que la empresa hubiera querido hacer. Por eso, invertimos en encontrar una solución que se realice con extremo cuidado y respeto al medio ambiente” manifestó Jorge Arce, presidente ejecutivo de la empresa.

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En octubre pasado, TPParacas dio a conocer que iba a presentar el recurso de apelación después que el Senace no aceptara las aclaraciones realizadas para responder a las observaciones planteadas desde la entidad. Estas fueron dispuestas a la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante potenciales impactos que no serían posibles de mitigar.

Sobre las implicancias de esta decisión, el concesionario aseguró que la desaprobación de la modificación es independiente a la operación y al proyecto de modernización actual del puerto. “Las operaciones del terminal se desarrollan y continuarán con normalidad rigiéndose del EIA aprobado en el 2016”, dijo Arce.

“Lo que se pierde es la oportunidad para contar con tecnología más amigable y soluciones más eficientes”, añadió.

ANTE EL CIADI

Vale resaltar que la concesionaria TPParacas está conformada por dos compañías brasileñas –Pattac y Tucumann– y una española –Grupo Nogar–.

Al respecto, Mario Reggiardo, socio del área de Arbitraje del Estudio Payet, señaló que uno de los requisitos para que la demanda sea admitida en el Ciadi es que la empresa demandante esté controlada por accionistas cuya nacionalidad sea distinta a la peruana.

“[Además] que el país de esa nacionalidad tenga un tratado, ya sea de libre comercio o un tratado de protección de inversiones con Perú”, expresó el especialista.

En promedio, de acuerdo con lo detallado por Reggiardo, la resolución de estos casos ante el Ciadi toma un tiempo de entre tres a cinco años.

La obra, que se encuentra en la última fase y tiene una inversión pendiente de S/ 100 millones, implica la construcción de una planta de ósmosis inversa para convertir agua de mar en agua potable. Asimismo, otra planta para tratar aguas residuales y la construcción de un almacén hermético para concentrados de cobre y zinc.

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