La compañía Tamshi SAC anunció que ha iniciado los procedimientos correspondientes para demandar al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para garantizar la protección de sus inversiones, tras alegar “inseguridad jurídica” por una multa de S/129 millones impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por no contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado.
“Las medidas ordenadas por OEFA son tan abusivas y agresivas que tienen impactos irreversibles ya antes de poder agotar la defensa al nivel administrativo”, dijo la firma en un pronunciamiento difundido en medios.
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La empresa a cargo del Fundo Tamshi en Tamshiyacu (Loreto) indicó que existe una “incongruencia” en el accionar del Gobierno dado que el Ministerio de Agricultura (Minagri) considera el terreno donde opera como agrícola, mientras que OEFA lo cataloga como bosque primario.
Tamshi descartó también que haya incurrido en tala ilegal y alegó que sus actividades “no generan daño ambiental que justifiquen la imposición de medidas desproporcionadas”.
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La compañía dedicada al cultivo de cacao de exportación indicó que ha iniciado la suspensión laboral de casi todos sus trabajadores tras las medidas dispuestas por las autoridades peruanas.
“Tamshi tiene toda la disposición para adecuarse, tal como lo ha venido realizando y establecer un espacio de diálogo que permita un cabal análisis de la situación. Sin embargo, no encontramos un interlocutor en la administración estatal”, puntualizó.
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