Este viernes 11 de julio, el Poder Judicial llevará a cabo una audiencia clave en la que evaluará el pedido para variar la prisión preventiva impuesta al expresentador de televisión Andrés Hurtado, investigado por presunto tráfico de influencias, cohecho activo específico y lavado de activos en agravio del Estado.
Este viernes 11 de julio, el Poder Judicial llevará a cabo una audiencia clave en la que evaluará el pedido para variar la prisión preventiva impuesta al expresentador de televisión Andrés Hurtado, investigado por presunto tráfico de influencias, cohecho activo específico y lavado de activos en agravio del Estado.
El abogado defensor de ‘Chibolín’, Elio Riera, confirmó que la audiencia ya fue programada y que en ella se determinará si su patrocinado continúa en el penal de Lurigancho o si se le concede una medida menos restrictiva, como la comparecencia con restricciones.
La defensa sostiene que no existen fundamentos sólidos para mantenerlo en prisión. En abril de este año, presentaron ante la Corte Suprema una excepción de improcedencia de acción, figura legal que busca que se declare improcedente el proceso penal. El argumento central es que, incluso si los hechos imputados fueran ciertos, no constituyen delito bajo la legislación vigente.
Andrés Hurtado cumple actualmente dos órdenes de prisión preventiva. La primera, por 18 meses, se relaciona con la investigación principal en la que se le vincula a una presunta red de corrupción junto al empresario Javier Miu Lei, el empresario Iván Siucho y la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta. La segunda, por 9 meses, responde a un caso paralelo vinculado a irregularidades en la renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho.
Andrés Hurtado
El caso tomó un nuevo giro tras la declaración de un colaborador eficaz, quien afirmó que el exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, habría financiado campañas mediáticas con dinero público para mejorar la imagen de la institución, entre ellas una presuntamente protagonizada por Hurtado.
Las investigaciones están a cargo de dos despachos del Ministerio Público, uno de ellos centrado en presunto lavado de activos y otro en los posibles actos de corrupción en coordinación con la fiscal Peralta.
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