Sedapal registró más de 123 mil horas de interrupciones en el servicio de agua potable en los últimos dos años | INFORME

Tener conexión a la red pública de agua y alcantarillado es un sueño lejano para más de medio millón de limeños. Para otros 300 mil, es tan solo una realidad a medias, pues solo gozan de menos de seis horas del servicio al día. Por si fuera poco, a esta grave situación que se evidencia en la capital del país -y se profundiza en múltiples regiones-, se le suma las constantes interrupciones en el abastecimiento que ocurren cada día, principalmente en las zonas más pobladas y vulnerables de Lima y Callao.

En tan solo 26 meses, entre enero del 2022 y el 15 de febrero del 2024, Sedapal ha registrado 18.125 incidencias -entre acciones programadas y eventos fortuitos- que han resultado en la interrupción del servicio de agua potable. Así lo informó a El Comercio la propia entidad por medio de una solicitud de acceso a la información pública. Esto implica unas 710 ocasiones de afectación al servicio por cada mes, lo que equivale a 24 casos cada día.

La cifra revela una realidad aún más compleja cuando se evalúa la duración de cada incidente. No se trata -según la información otorgada- de cortes de tan solo algunos minutos. De hecho, la acumulación de las horas es tal que se puede cuantificar en años, superando una década acumulada. En total -considerando que se dan cortes de manera simultánea en diversas zonas de la capital- Sedapal registra, en solo 25,5 meses, catorce años de servicio interrumpido.

Solo entre enero y el 15 de febrero del 2024, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se han reportado 933 incidentes con un tiempo apilado de 7.820 horas. En el 2023, la suma de horas fue de 52.476 como consecuencia de 7.633 incidencias, mientras que en el 2022 se registraron 62.709 horas y 9.559 situaciones de acción. El promedio general equivale a casi siete horas por acontecimiento. El total: 123.006,62 horas.

“Nuestro compromiso con la población es trabajar dentro de los plazos estimados por cada caso, debemos considerar que cada tipo de trabajo que realizamos tienen tiempos distintos, dependiendo si la interrupción fue programada o imprevista. En ese sentido, nosotros atendemos las incidencias imprevistas, en un promedio de 6 horas, durante las cuales se realizan los trabajos de reparación de tuberías y reposición del servicio, tiempo que está por debajo del plazo de 24 horas que establece la norma”, arumentó Sedapal.

El acceso al agua potable es considerado como un derecho fundamental por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2010. En el 2017 se promulgó en el país la reforma constitucional que reconoce el derecho al acceso al agua. Entonces, la Defensoría del Pueblo definió que la implementación y el desarrollo infraestructural para garantizar este derecho “ya no es una mera decisión política, sino una obligación impuesta por la norma fundamental”. En pleno 2024, el acceso al agua es un beneficio heterogéneo a lo largo de la capital y todo el país. Esto último también sucede con las interrupciones de este servicio.

Los distritos de San Juan de Lurigancho (12,5%) y Villa María del Triunfo (12,4%) suman cerca de un cuarto del total de horas acumuladas de servicio interrumpido en los 52 distritos que están bajo la administración de Sedapal. Una situación similar sucede con la cantidad de incidencias, registrando 2.207 (12,2%) y 2.211 (12,2%) respectivamente. Los municipios de Ate, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores continúan en la lista de distritos con más incidencias, sumando cada una más de 1.300 casos. Solo estos cinco distritos -que figuran dentro de los más extensos y poblados- acumulan la mitad de todas las horas e incidencias acumuladas desde el 2022.

El Comercio pudo conocer que la principal causa que motiva la suspensión del servicio de agua potable es la rotura en la tubería matriz. Esta es responsable de haber ocasionado el cese del servicio 3.030 veces en los 25 meses y medio, representando el 16,7% de las incidencias. El segundo motivo es la limpieza de reservorio (2.679 incidencias, representando el 14,7%) y es seguido por fugas (2.472 ocasiones, el 13,6%). Las reparaciones de tuberías rotas y en las tomas de agua suman otros 4.267 casos (una suma de 23,6%).

Estas cinco incidencias -de las 51 que registra la entidad- son responsables del 69,7% de todos los eventos que vinculados a la suspensión del servicio. Para la limpieza de reservorios, Sedapal ha dispuesto la suspensión del servicio por un total de 27.624 horas, el 22,5% de las 123 mil que se han identificado. Las roturas en la tubería matriz es la segunda causal que más tiempo acopia, significando el 14,4% (17.747 horas), seguido por las fugas, que han implicado el 13,6% del tiempo (12.837 horas).

Sedapal informó a El Comercio que en el caso de los reservorios -que contemplan la segunda causal más frecuente- estos “deben ser limpiados cada seis meses para asegurar la calidad del agua que abastece a la población”. “En Sedapal contamos con 1.026 reservorios, y para ejecutar su limpieza es necesario que sean vaciados primero, razón por la cual se realiza una interrupción programada del servicio”, explicó la entidad.

Los registros otorgados por Sedapal revelan que estas acciones de limpieza pueden ocasionar el corte de agua por tan solo unas cuantas horas, como también acumular días sin brindar el servicio. En San Martín de Porres, sector 254, la empresa registró el inicio del corte de agua el 10 de enero del 2024. El término de la afectación fue detallado el 13 de febrero, 820 horas luego.

El sector 333 en Independencia también revela una situación similar. Más de 732 horas pasaron entre el 3 de marzo y el 2 de abril del 2023. En San Borja, sector 67, la suspensión del servicio sumó 279 horas por esta causal, mientras que en el 403 de San Juan de Lurigancho, se registraron 243 horas. En total son 21 casos donde la limpieza del reservorio tuvo una duración superior a las 100 horas, equivalente a más de cuatro días. El promedio de los 2.679 casos es cercano a las 10 horas.

Los distritos de Ate (495), San Juan de Lurigancho (319) y La Molina (194) son los distritos con más afectaciones en el servicio de agua potable por acciones relacionadas a la limpieza de reservorios (puede consultar su distrito en la tabla ubicada más adelante). Mientras que estas tres comunas suman el 37,6% de estos casos, existen 19 distritos (el 36,7%) sin afectaciones por esta causa.

En el caso de las fugas, “nos referimos a una falla en la válvula ‘corporation’, la cual conecta la tubería que ingresa al predio, también llamada conexión domiciliaria, con la tubería matriz que está en la vía pública, y que puede presentar fallas en su funcionamiento, como todo accesorio que se ubica en la red de agua potable”, detalló Sedapal.

En este caso, San Juan de Lurigancho (750), Villa María del Triunfo (480) y Villa El Salvador (405) son los distritos más afectados por este tipo de fugas, acumulando el 61% de todos los casos. En el mismo periodo de tiempo, otros 34 distritos (57,4%) registraron solo hasta cinco interrupciones del servicio por estos hechos. En cinco ocasiones, estas fugas contemplaron la suspensión del servicio por más de 24 horas.

La Constitución Política del Perú incorporó -como se hizo referencia líneas arriba- en junio del 2017 el artículo que “reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable”. Alberto Huerta, jefe de la oficina de Lima de la Defensoría, resaltó durante una entrevista con El Comercio que aún existen importantes brechas de acceso al agua a lo largo de todo el país. “En el caso de Lima y Callao, lo que vemos son las interrupciones. Hay zonas donde los cortes duran mucho más de lo que establece Sedapal, principalmente en distritos populosos. No solo se trata de cumplir con el acceso al agua, sino que debe comprender un servicio de calidad”, dispuso el vocero.

La entidad encargada de regular y fiscalizar la prestación del servicio de agua potable es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Este Diario conversó con el director de Fiscalización de dicha entidad, José Kobashikawa, quien detalló que Sedapal -así como las otras empresas prestadoras de servicio del sector que operan a lo largo del país- tiene la obligación de comunicar a la Sunass con cinco días de antelación toda acción programada que resulte en la suspensión del servicio, mientras que la alerta a la población se debe realizar -como mínimo- dos días previos. Por su parte, Huerta indicó que “muchas veces, si bien se publica un anuncio, este no llega a las personas y los agarra de improvisto”.

“La cifra de 123 mil horas es una que sí revela la vulneración de derechos. Si bien existen fórmulas en los contratos [para delimitar cómo se deben realizar los cortes de l servicio], siempre se tiene que tener un enfoque desde los derechos. La afectación siempre se va a dar en los distritos que más necesitan. Es principalmente en los conos [donde los ciudadanos] suelen sufrir más [suspensiones del servicio]”, comentó el vocero de la Defensoría.

En entrevista con El Comercio, Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, resaltó que “estos datos generan alarma. Y muchas”. “Lo que se está mostrando es el fracaso de un modelo de gestión obsoleto para administrar los servicios de agua y saneamiento en una ciudad como Lima. Incluso, el rol del regulador también está desfasado de lo que debería ser. Tenemos un regulador que pone la atención en las obras nuevas y no en calidad del servicio que se brinda a los ciudadanos”, agregó el especialista.

Kobashikawa también estipuló que “cerca del 75% [de afecciones] son casos no planificados”. “[La red] es susceptible a mantenimientos o rupturas, las cuales pueden darse por factores externos. Ha sucedido que por [el peso de los] camiones, sumado a la antigüedad de las tuberías, [genere] un asentamiento en las vías, dañando las tuberías [que recorren por debajo]”, mantuvo el vocero de la Sunass. “Si un camión que pasa por una pista y esta se hunde generando un corte que dura muchas horas, y a las dos semanas pasa lo mismo, algo está pasando. Por eso hemos recomendado incrementar los mecanismos de fiscalización”, sostuvo Huerta.

Von Hesse sostuvo que “debajo de Lima hay alrededor de 30 mil kilómetros de tubería, de los cuales la mitad son de agua potable. De esos, la tercera parte de las tuberías están una situación [obsoleta]. La empresa se dedica más a tratar de ampliar el sistema, pero no en conservar el servicio. Hay redes que debieron haber sido reemplazadas hace tiempo porque ya superaron su vida útil”.

“Las afectaciones que no son responsabilidad de Sedapal, [...] acuerdo con nuestros registros, entre el 2022 e inicios del 2024, suman 408 casos”, mencionaron. Tras publicarse el reportaje, la empresa aclaró que “las interrupciones del servicio de agua, se dan de manera programada o imprevista, las primeras representan el 73% y las segundas el 6,6%; en tanto, el 20,4% restante corresponde a factores externos como obras de terceros y cortes de energía”. Además, estipularon que “la norma vigente, establece un plazo de 24 horas para los trabajos de reparación y reposición del servicio, siendo la ejecución promedio de Sedapal de 6 horas”.

“La red de agua y alcantarillado siempre va a ser vulnerable a factores externos, como lluvias de larga duración, sismos, tsunamis, terremotos y otros eventos naturales [...] las fallas en el sistema de agua potable van a ocurrir, por trabajos programados o imprevistos. Sin embargo, es preciso señalar que el promedio de interrupciones o fallas en el sistema que atendemos en Sedapal, es menor que el de países como Brasil, Argentina, o Colombia”, argumentó la empresa.

Asimismo, el vocero de la Defensoría se refirió a las obras y otras acciones -que implican la suspensión del servicio de agua potable- previstas por Sedapal, argumentando que “por más que estén programadas, [igual] afectan los derechos [de las personas perjudicadas]”. Además, resaltó que “se ve en los diarios que se publican los anuncios de los cortes, y siempre son los mismos distritos. Son casi las mismas zonas. Vemos una constante en los distritos que quizás merecen más infraestructura”.

“Hay una necesidad de ampliar las redes y reemplazar las que ya tienen años, hay unas que no dan más”, argumentó Huerta, “pero no se deben realizar cuando se llegue al colapso”, añadió. Ambos funcionarios destacaron que la expansión desordenada y el crecimiento exponencial de la población capitalina son factores clave que han resultado en la dificultad de garantizar el cumplimiento de este derecho. Sin embargo, para el vocero de la Defensoría es importante que los proyectos de mantenimiento, instalación y otros programados sean debidamente manejados para reducir al máximo el impacto en la población.

Es importante señalar que Sedapal está obligada a garantizar el abastecimiento de agua potable por medios alternativos -como el uso de camiones cisterna- solo cuando se trate de interrupciones que superen las 18 horas. Así lo confirmó Kobashikawa a El Comercio. Para la Defensoría, este es un aspecto contractual “que se debería repensar”. Sedapal anunció que “como parte de nuestro plan de mitigación de los posibles efectos del Fenómeno del Niño, desde el 2015 venimos realizando la rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado con materiales sismo resistentes, así como el mantenimiento preventivo de todas las redes, cuya inversión supera los 224 millones de soles”.

Para Von Hesse, “estamos en una situación donde esta empresa pública [Sedapal] ya no es viable. tenemos que cambiar”. De hecho, el entrevistado mencioncó que es una situación “muy parecida al caso de Petroperú y de otras empresas públicas donde la atención se ha puesto más en el bienestar de los funcionaros que pensar en la calidad del servicio”. “A eso se suma que el estado es un muy mal proveedor de servicios, con una regulación muy complicada. Es parte del desmadre institucional que tenemos en el país. El enfoque de Sedapal y de otras EPS es que la gestión se centra en la infraestructura, pero luego no piensan en que esa infraestructura deba ser mantenida”, recalcó.

Pese a ello, el exministro reconoció que hay otros actores que comparten responsablidad en esta problemática, como la Municipalidad Metropolitana de Lima y los municipios distritales. “También está la misma Sunass, que más se ha concentrado en regular la tarifa que la calidad del servicio. Si fuese un regulador eficiente, el énfasis del regulador debería estar en las falencias de la empresa por las cuales esta no da un servicio de calidad. Ha fallado también el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que también supervisa la gestión Sedapal y debería ponerle metas, exigirle un modelo de gestión más eficiente”, sostiuvo.

“El Ministerio de Vivienda es el responsable de la política nacional de agua y saneamiento. Lamentablemente, están más preocupado en invertir en nueva infraestructura que en cuidar lo que ya se tiene. Los ciudadanos también son responsables porque hay quienes roban el agua, los que hacen roturas en las tuberías, los que manipulan sus medidores, los que lanzan residuos. Estamos en la tormenta perfecta”, concluyó Von Hesse.