ATU autoriza reducir hasta en 95% las sanciones impuestas a transportistas formales

A través de la resolución de Presidencia Ejecutiva N. ° 394-2025-ATU/PE, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó el Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte terrestre (PRS). La medida, según se anunció en una nota de prensa, busca beneficiar económicamente a operadores de transporte afectados por extorsiones. No obstante en los detalles de la norma, no se hace mención a ello de manera profunda.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que esta norma busca contribuir que los transportistas formales destinen sus recursos financieros para mejorar la prestación del servicio público, esto incluye la adquisición de una nueva flota vehicular, “en el contexto económico adverso debido al impacto de los delitos de extorsión en su actividad cotidiana".

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Recíbelo

En ese sentido, facilita el cumplimiento de las obligaciones producto de sanciones impuestas a transportistas formales, dándoles la oportunidad de reducir hasta en 95% sus deudas generadas por infracciones a la normativa de transporte terrestre de personas.

¿Cuáles son los requisitos y quiénes accdeden?

Para acceder al beneficio, el transportista debe ser formal y reconocer voluntariamente su responsabilidad administrativa, lo que implica la aceptación de la infracción y el desistimiento de cualquier recurso administrativo o judicial en trámite.

El Programa de Regularización de Sanciones es aplicable a todas las modalidades de transporte terrestre, entre regular (buses convencionales) y especial (taxi en sus dos modalidades, transporte de personal y transporte de estudiantes).

Minsa aclara que no es obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos

Además, podrán solicitar este beneficio los transportistas que tengan procedimientos administrativos sancionadores en curso, sanciones firmes o impugnadas en la vía administrativa o judicial. También, aquellos con actas de fiscalización levantadas, resoluciones de inicio notificadas o actas que se encuentren en etapa de ejecución coactiva.

La medida, que además contempla la condonación total de los costos y gastos administrativos, establece un plazo de adecuación de hasta treinta (30) días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.