Argentina inicia el proceso de privatización de Aysa, su mayor empresa distribuidora de agua

El Gobierno de Argentina dispuso este martes iniciar el proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la mayor empresa distribuidora de agua del país, con 3,8 millones de usuarios.

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a “coordinar las acciones necesarias” para privatizar la empresa en un plazo de ocho meses.

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La resolución ordena la venta de la totalidad de las acciones de Aysa en manos del Estado nacional, cuya participación en la distribuidora asciende al 90 %.

El objetivo del Gobierno de Javier Milei es concretar la venta de al menos el 51 % del total del paquete accionarial de Aysa a un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional.

Si quedara un remanente de acciones no vendidas mediante esa licitación, el Estado las ofertará en el mercado bursátil para desprenderse de ellas.

El 10 % restante de las acciones de Aysa pertenecen a los 6.200 trabajadores de la compañía a través de un programa de propiedad participada.

Aysa presta servicios a 3,8 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios que rodean a la capital argentina, un área de 3.363 kilómetros cuadrados donde viven 15,1 millones de personas.

En 2006, el entonces Gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el contrato de concesión de servicios por treinta años firmado en 1993 con Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez (39,93 %) y participada por la española Aguas de Barcelona (25,01 %).

Al rescindir el contrato, el Gobierno de Kirchner alegó la mala calidad del servicios prestado en algunas áreas y el incumplimiento por parte de la compañía de las inversiones pautadas en el contrato.

Aguas Argentinas, de la que también eran socios el Banco Galicia, la francesa Vivendi, la Corporación Financiera Internacional y la británica Anglian Water, fue entonces disuelta y se creó la estatal Aysa para hacerse cargo del servicio.

Aysa fue incluida en la lista de empresas a privatizar contempladas en la ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, una norma de amplio alcance sobre desregulación de la economía y ajuste en el Estado, aprobada por el Congreso en junio de 2024.

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El Gobierno de Milei ha cuestionado que desde 2006 y hasta 2023 Aysa requirió para funcionar fondos del Tesoro por unos 13.400 millones de dólares, pese a lo cual hubo un “fuerte deterioro” de la infraestructura.

Según datos de la compañía, el año pasado Aysa obtuvo un beneficio neto de 48.288 millones de pesos (32,3 millones de dólares), desde pérdidas en 2023 por 382.859 millones de pesos.

A finales de 2024, el patrimonio neto de la empresa ascendía a 8,5 billones de pesos, con activos por 9,1 billones y pasivos por 661.229 millones de pesos.

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Agencia EFE

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