Los nueve ex presidentes bajo la sombra del Caso Odebrecht

Por: “O Globo”, Brasil / GDA

En abril del 2015, Odebrecht celebraba el título de mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Toda esa historia de éxito se ha desplomado como un castillo de naipes.

Con el avance de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales y causó temblores al confesar sus crímenes de corrupción en 11 países de la región.

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El número de presidentes y ex mandatarios investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la compañía: al menos nueve ex jefes de Estado están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente ya perdió su cargo.

Para el fiscal del Ministerio Público federal Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo del Caso Lava Jato en Curitiba, si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, hoy el escenario cambió.

“Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, no solo con países geográficamente próximos como los de América Latina, sino con los de Asia”, afirma.

Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en un verdadero talón de Aquiles para los criminales.

—Todos manchados—

En Brasil, el encarcelamiento del ex gobernante Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El histórico líder del PT ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamento reformado por OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega que haya recibido el departamento o actuado a favor de la compañía.

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito.

Emilio Odebrecht reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que el ex presidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de Sao Paulo en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa dice que la casa quinta no está registrada a su nombre y niega que haya cometido delitos. En relación con el otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de Odebrecht han implicado a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de R$30 millones (US$7,3 millones) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht.

—El resto de la región—

En el Perú, cuatro ex presidentes son investigados por sospechas de corrupción. Alejandro Toledo es acusado de haber recibido US$20 millones en sobornos de la constructora por la obra de la Carretera Transoceánica. Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta ninguna restricción judicial.

El único que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes de que la justicia revocara la medida a fines de abril.

Pedro Pablo Kuczynski fue el único en perder su cargo en ejercicio. Renunció en marzo, también bajo sospecha de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y tuvo sus bienes confiscados.

En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas del 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.

Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel García Morales fue condenado por recibir US$6,5 millones de Odebrecht.

Hay dos denuncias contra el ex gobernante ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un congresista. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre del 2017, a seis años de prisión y a pagar una indemnización de US$7,5 millones. Está acusado de recibir US$3,5 millones de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación.

Acusado de recibir US$1,5 millones de Odebrecht en su campaña para la presidencia en el 2008, el ex presidente de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Viajó allí después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con su hijo, US$419 mil a las arcas públicas.

Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o ex mandatarios, aunque se citan transferencias irregulares de Odebrecht a políticos de esos países.

*** Con información de medios del GDA y colaboración de “La Prensa” de Panamá, “Prensa Libre” de Guatemala y “El Día” de República Dominicana.

“En Venezuela no hay ninguna investigación abierta”

mercedes de freitas
Transparencia Internacional

—¿Dónde se ha avanzado más en las investigaciones sobre Odebrecht?
Después de Brasil, el país que más ha avanzado es el Perú, donde hay señalamientos por lavado de capitales contra tres ex presidentes.

—¿Cuál es el país más rezagado?
Venezuela. Ahí no hay ninguna investigación abierta. Luego está República Dominicana, que no termina de abrir los casos. Este asunto sirve para ver en qué países hay sistemas de administración de justicia independientes y autónomos que se preocupan por el impacto de la corrupción y en qué países no.

—¿Por qué no indaga el Estado Venezolano?
Si la justicia se queda callada, es porque el poder está involucrado. Nosotros citamos en el 2017 una larga lista de funcionarios embarrados. Los fiscales no han hecho su trabajo, o es algo muy secreto porque nadie sabe nada.