Cada día cuenta, por Ana De Mendoza

Iniciar el 2022 con un amplio consenso sobre la necesidad de retomar las clases presenciales en marzo es una excelente noticia, largamente esperada. Reabrir las escuelas tras dos años de educación virtual es un imperativo ético y de desarrollo humano, no solo por la pérdida de aprendizajes, sino también por el impacto socioemocional que dicho cierre ha tenido sobre niñas, niños y adolescentes.

Preocupa, sin embargo, que persistan sectores de maestros agremiados y algunos representantes de los padres y madres de familia que todavía no valoren suficientemente el retorno presencial a las aulas. Tal y como ha señalado el ministro de Educación, el 28 de marzo sería la última fecha probable para el inicio de clases. Ese día debería marcarse en la agenda como la fecha final para la reapertura de las escuelas, pero de ninguna manera constituirse en el inicio que marque el regreso a las aulas.

Importante es que la autoridad educativa en los niveles nacional, regional y local comunique los esfuerzos sectoriales sobre el avance en los protocolos de bioseguridad de las escuelas, las adecuaciones que se están haciendo y los procesos de contratación de docentes, cuyo primer día de labores es el primero de marzo, de manera que la comunidad educativa esté preparada para la fecha ofrecida. Una comunidad educativa bien informada aliviará los temores de algunos padres y madres de familia.

Una voz poco escuchada durante la educación no presencial ha sido la de los propios alumnos. Cerca de la mitad de los y las estudiantes de secundaria de colegios públicos del país –en un estudio de la Contraloría General de la República– indica que, a pesar de los esfuerzos desplegados, su formación fue insuficiente. Seis de cada diez estudiantes señalan que el principal problema fue el acceso a la virtualidad por falta de datos o conectividad. Por su parte, los docentes también reconocen dichas dificultades y califican que el 44% de sus estudiantes tuvo una formación regular y solo un 30% de estudiantes habría accedido a una educación aceptable.

Qué duda cabe de que asistir a la escuela es esencial para asegurar el derecho a la educación. Por ello, es clave poner en valor una nueva forma de gestionar la escuela, aquella que priorice la recuperación de los aprendizajes perdidos y aborde sistemáticamente el apoyo socioemocional. Este estilo de gestión requerirá buscar mecanismos que aceleren los aprendizajes, flexibilizar la oferta educativa, renunciar a la linealidad de los cursos que se suceden progresivamente y, ciertamente, profundizar la cobertura y el acceso digital.

Es destacable que el ministro Serna sea un profesional con conocimiento del sector y, sobre todo, con experiencia en la gestión descentralizada. Urge que inste a las escuelas urbanas y rurales que ya cuentan con su plana docente o a aquellas que adelantaron la preparación para el retorno a la presencialidad a abrir sus puertas a inicios de marzo. Desde Unicef, no nos cansamos de insistir en la necesidad de devolverles a los niños y las niñas del Perú su pleno derecho a la educación, pues cada día cuenta.