La portátil y la inteligencia

Las agencias calificadoras de riesgo coinciden en que en el 2023 la crisis económica se agudizará aún más y recomiendan mucha prudencia con los recursos. Esto es válido para todos, excepto para la portátil y para la inteligencia que usa el Gobierno. A la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) le aumentarán en el 2023 el presupuesto de S/64 a S/70 millones y a los prefectos y subprefectos, de S/65 a S/76 millones. Esto grafica claramente cuáles son las prioridades de Pedro Castillo.

La Comisión de Descentralización del Congreso acaba de aprobar un dictamen para desactivar al mal llamado gobierno interior. El argumento central, con el que estoy plenamente de acuerdo, es que se ha convertido en una especie de burocracia parasitaria que no brinda ningún servicio efectivo al ciudadano. El proceso de modernización del Ejecutivo, especialmente del sector Interior, ha absorbido las funciones de las autoridades políticas y lo que tenemos ahora es una absurda duplicidad de tareas. Algunos ejemplos: para el seguimiento y la prevención de conflictos sociales se ha creado, en el propio Ministerio del Interior, la Dirección General de Orden Público. El trabajo con las rondas campesinas ahora se hace desde una dirección creada con ese único propósito. Asimismo, con el proceso de descentralización los gobiernos subnacionales asumieron la representación del Estado en sus respectivas jurisdicciones. Alegar que las autoridades políticas representan al Ejecutivo o a la figura presidencial no tiene ningún sustento legal y mucho menos constitucional.

Resulta absurdo gastar S/76 millones anuales para que los prefectos controlen rifas, colectas públicas y, literalmente, saluden los domingos a la bandera. Estas tareas podrían ser asumidas por los municipios. Entonces, ¿por qué los sucesivos gobiernos mantuvieron este sistema? Diríamos que, primero, porque se convirtió en la bolsa de trabajo para los dirigentes del partido de gobierno y, segundo, porque los prefectos son, en realidad, operadores políticos del presidente de turno, muy necesarios, sí, y más ahora que no tiene una organización nacional o partido que lo conecte con el pueblo.

Es tiempo de darle la extremaunción para que descanse en paz a este dinosaurio tan costoso como inútil. Sin duda, sería mucho más eficiente si los S/76 millones se invirtiesen en el alquiler de más patrulleros vecinales o si los locales prefecturales en las regiones se integrasen a los centros de atención de emergencia mujer. Sería un reconocimiento al trabajo comprometido y profesional si el edificio de la prefectura de Lima se convirtiera en la sede de la Diviac.

Ahora bien, hablemos de la DINI. ¿Por qué Pedro Castillo decidió aumentar su presupuesto? ¿Qué planes de inteligencia y contrainteligencia requieren mayor presupuesto? Las denuncias que están saliendo a la luz pública nos han hecho recordar, nuevamente, a los episodios que protagonizaron durante el gobierno de Ollanta Humala (2014): seguimientos a los opositores políticos, funcionales a las zonas grises del poder, etc. El actual vocero mediático de la DINI jura que solo hacen inteligencia estratégica. Entonces, ¿quién les ordenó a los agentes de contrainteligencia escanear al coronel Colchado como parte activa de una campaña de desprestigio? Todos los días Castillo recibe los informes de inteligencia; sin embargo, instalaron una oficina de la DINI en Palacio de Gobierno, ¿estos también hacen inteligencia estratégica?

El problema con la DINI no termina allí. Dos colaboradores eficaces que integraban la organización criminal liderada, según la fiscalía, por Pedro Castillo afirmaron que estarían haciendo pagos mensuales a algunos políticos del partido de gobierno. Negaron la denuncia argumentando que son fiscalizados por la contraloría. El marco legal del Sistema de Inteligencia Nacional faculta, en efecto, a esta institución a fiscalizar los fondos. Sin embargo, es conocido que a los funcionarios de la contraloría solo les permiten verificar la existencia de los planes de inteligencia y que no revisan el detalle de los gastos reservados de cada uno de los planes. Los pagos irregulares podrían estar camuflados en cualquier ‘codinome’, especialmente cuando, como es habitual, los involucrados en los “gastos reservados” reciben dinero en efectivo sin registrar ninguna identidad. Formalmente, sería difícil de probar que un político está recibiendo dinero de la DINI, a no ser que haya sido grabado, como lo hacía Vladimiro Montesinos. Como en toda la administración pública, especialmente en los asuntos de inteligencia, la probidad de los funcionarios es la única garantía del uso honesto de los recursos. ¿Alguien podría decirnos que esta condición se cumple en este gobierno y en la DINI?

Finalmente, propongo dos interrogantes para la Comisión de Inteligencia del Congreso. ¿Qué uso le está dando la DINI al equipo (comprado como parte del proyecto ‘Pisco’) que permitía la interceptación de las comunicaciones satelitales? ¿Dónde han terminado y cómo se están justificando los S/300 mil mensuales que recortaron a la dirección de búsqueda que dirige el coronel Colchado? Si la Comisión de Inteligencia le pusiera un poquito más de ganas se podría llevar una gran sorpresa, pero hasta ahora han preferido evitar la fatiga.