#Reúne, por Eduardo Vega Luna

En el año 2011, la desaparición del joven Ciro Castillo en el valle del Colca mantuvo a todo el país en una gran incertidumbre por conocer su paradero. Fuimos testigos de la angustia de su familia por encontrarlo. Seis meses después, su cuerpo apareció y sus seres queridos exigieron el esclarecimiento de los hechos y pudieron iniciar el proceso de duelo.

En el Perú, alrededor de 15.000 familias viven la misma incertidumbre desde hace 20 o 30 años. Miles no saben qué pasó con sus hijos, padres o esposos desaparecidos durante la violencia que sufrimos de 1980 al 2000. Pese al tiempo transcurrido, estas familias no han encontrado aún a sus seres queridos ni han podido darles sepultura ni procesar su duelo. Ese derecho lo tienen negado y el Estado tiene una obligación ahí. 

Una forma de entender este drama es poniéndonos en su lugar. ¿Cuál sería nuestra actitud ante la desaparición de un ser querido? ¿Qué tan fuerte sería nuestro reclamo y demanda a las autoridades? Con esto en mente, entonces, ¿por qué no exigimos lo mismo para tantas familias que esperan un poco más de solidaridad frente a un dolor que no cesa?

A lo largo de estos años se han hecho esfuerzos, especialmente desde el Ministerio Público. Sin embargo, estos no son suficientes para recuperar los restos que yacen en los más de 4.000 sitios de entierro existentes. Esto no solo por la cantidad de restos recuperados en más de 12 años de trabajo (aproximadamente 3.000) y entregados (cerca de 1.600), sino por la ausencia de mecanismos eficientes para el recojo de información, la poca atención a las necesidades de soporte emocional y logística para las familias, entre otros. 

Ante esta realidad, el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de ley para contar con una política de búsqueda de personas desaparecidas, que fue consensuado con distintas instituciones y organizaciones de afectados. Este proyecto se encuentra pendiente de ser aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros desde mayo del 2014, por lo que aún no ha podido ser remitido al Congreso. No existe justificación para no aprobar esta norma.

La propuesta busca priorizar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega de restos humanos a sus familiares. Su objetivo es eminentemente humanitario. Hoy, la única manera de que se inicie la búsqueda de un desaparecido es a través de una denuncia e investigación penal, cargada de dificultades y limitaciones. Aún no se comprende que los familiares lo que más exigen es conocer el paradero de sus seres queridos, para cerrar esa larga etapa de angustia. 

De aprobarse el proyecto, tendríamos un registro unificado de personas desaparecidas, se impulsaría la búsqueda de sus cuerpos y se contaría con una oficina para agilizar estos esfuerzos. Asimismo, se desarrollaría una política de acompañamiento psicosocial a las familias y de atención a las necesidades materiales que suponen la entrega y traslado de restos. 

Ante esto se ha lanzado una campaña impulsada por los propios familiares y que es apoyada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones. Con el nombre #Reúne, esta campaña busca sensibilizar a las autoridades competentes que tienen la obligación de hacer realidad esta norma. 

Y es que nadie debería estar en contra del derecho a encontrar y enterrar a sus seres queridos.