La jornada electoral del 12 de abril volvió a exponer una falla estructural del Estado Peruano: su incapacidad para planificar y ejecutar servicios críticos con estándares mínimos de eficiencia. Lo que debió ser un proceso previsible –tras cinco años de preparación– terminó marcado por retrasos, ineficiencias y una experiencia frustrante para miles de ciudadanos.
La ONPE, responsable de organizar un proceso que involucra a más de 27 millones de electores, no logró garantizar condiciones básicas de operación. Reportes de la Defensoría del Pueblo y de medios de comunicación evidenciaron mesas que no se instalaron a tiempo, material incompleto o inoperativo y una preocupante ausencia de información en tiempo real. No se trata de errores aislados, sino de una falla sistémica.
Pero hay un elemento adicional que no puede ser ignorado: la afectación principal de varios problemas en Lima, donde se concentra casi un tercio del padrón electoral. Y esta distribución no es menor: obliga a plantear una pregunta incómoda pero ineludible: ¿estamos ante una simple ineficiencia o ante una mano negra, también, detrás? No se trata de afirmar sin evidencia la existencia de un fraude o complot, pero sí de reconocer que, en contextos de alta polarización, las fallas que afectan de manera diferenciada a territorios clave dañan la legitimidad del proceso. Cuando los errores no son homogéneos, la duda deja de ser ‘paranoia’ y se convierte en una exigencia democrática: la de explicaciones claras, verificables y oportunas.
Lo más grave es que el propio Estado ha demostrado que cuando se lo propone sí puede hacerlo mejor. Por ejemplo, el Pronabec, en procesos como el examen nacional de Beca 18, ha movilizado a decenas de miles de postulantes con altos niveles de control, trazabilidad y predictibilidad. La diferencia no se reduce a un problema de ‘escala’, sino a uno de gestión: uso intensivo de datos, monitoreo en tiempo real, plan de contingencia en caso sea necesario y sistemas de incentivos alineados a resultados.
Frente a ello, el argumento de la complejidad electoral pierde peso. La ONPE no administra solo una operación logística; administra la base misma de la legitimidad democrática. Fallar en su ejecución no es un desliz administrativo menor: es una vulneración del derecho al voto y un misil directo a la confianza en las instituciones. Pero el problema de fondo es más profundo y persistente: ¡el Estado no aprende! Las buenas prácticas existen, pero no se replican ni se escalan. Se tolera la improvisación donde debería exigirse precisión. Se normaliza el error donde debería haber consecuencias y se deja de entender que la incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor es el poder de su ejecutor.
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