A través e una denuncia formal ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, un abogado pide la exclusión del candidato Rafael López Aliaga de las próximas elecciones municipales en el marco de los comicios que se realizarán en octubre del 2026.
El recurso legal firmado por el ciudadano Ronald Wilder Castillo Rojas plantea que se aplique un recurso de fiscalización sobre la lista del partido Renovación Popular. El demandante solicitó que la autoridad electoral declare la incompatibilidad de la postulación de López Aliaga al cargo de primer regidor metropolitano.
Tal y como recuerda el denunciante, Rafael López Aliaga ejerció la alcaldía de Lima entre los años 2023 y 2026, cargo al cual renunció en octubre de 2025. Tras su paso por la campaña presidencial y una posterior elección como senador que no asumió, el político retornó a la contienda local.
La controversia jurídica actual surgió tras la renuncia definitiva del candidato a alcalde de Lima por Renovación Popular, Luis Rubio. Según la denuncia, esta salida reconfiguró la lista de esta agrupación política y colocó a López Aliaga en la primera línea de sucesión.
Castillo Rojas fundamentó su reclamo en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, el cual prohíbe de forma expresa la reelección inmediata de alcaldes. El documento advirtió que la actual estructura electoral constituye una vía material para burlar este mandato.
La acusación precisó que una interpretación formal de la ley restaría eficacia a las normas constitucionales. El texto alegó que la agrupación política utilizó mecanismos legales permitidos de manera de forma individual para alcanzar un resultado prohibido y lesionar la alternancia democrática.
Rafael López Aliaga: denunciante invoca antecedente de Morropón
El denunciante invocó la resolución del Jurado Electoral Especial de Morropón, que el pasado 20 de agosto excluyó a un candidato a regidor en circunstancias idénticas. Aquella decisión provincial estableció que el control electoral tiene carácter preventivo y debe salvaguardar la supremacía de la Carta Magna.
Finalmente, la petición ciudadana exigió la fiscalización inmediata de los hechos y la posterior separación del exalcalde de la contienda. Sin embargo, solicitó que cualquier pronunciamiento respete de forma estricta el debido proceso y el derecho de defensa de los implicados.
