Tantas veces la mataron...

Tiene razón el politólogo Carlos Meléndez cuando critica (16/4/23) la frívola –poco seria, ligera, superficial– conclusión “progre” de que la Constitución de 1993 (C93) habría fracasado. Primero, porque, como bien explicó, no se puede llamar fracaso a no haber logrado que el Perú transite de la miseria al bienestar nórdico en poco más de 30 años (mucho menos con nuestra proverbial e histórica fragmentación). Y segundo porque, como viene sosteniendo el riguroso académico de la PUCP y extitular del MEF Waldo Mendoza –insospechable de derechismo–, hay indiscutible causalidad entre las reglas consagradas en esa carta y el progreso material experimentado por el Perú, sin perjuicio de lo mucho pendiente por hacer y mejorar.

Y eso pendiente, como admite Meléndez, es sobre todo político, porque la gran disfunción peruana reside ahí, más que en la economía o en la C93. De hecho, esta última no solo no es ilegítima –como sostienen sus detractores–, sino que es acaso la más legítima que hemos tenido. Y no solo no ha fracasado, sino que ha demostrado una resiliencia política extraordinaria, si se mira con perspectiva y en profundidad.

La supuesta ilegitimidad de origen (“dictatorial”, fujimorista) fue zanjada hace 20 años por el TC (Exp. N° 014-2003-AI/TC) al declarar improcedente la “inconstitucionalidad de la C93″. Lo democrático se mide desde y partir de la Constitución, no para atrás, porque ella funda –es origen y fuente de– la democracia. Pero además, la C93 pasó de ser sociológicamente “semántica” (autoritaria) a “normativa” (eficaz limitante del poder), en la nomenclatura del gran jurista alemán Karl Lowenstein. Como apunta el profesor Carlos Hakansson, es la que más jurisprudencia ha generado; aplicación práctica, constitucionalismo vivo, no teórico. Legitimidad, pues, de ejercicio.

Las falacias sobre su alegada ilegitimidad la convirtieron en ‘punching ball’, sobre todo de la izquierda, pero ha sufrido embates –ya sea sistemáticos u oportunistas– de toda la clase política: Fujimori intentó reelegirse contra su texto expreso e hizo destituir de forma írrita a los magistrados que trataron de impedirlo; Toledo y Humala, en complicidad con sus coetáneos parlamentos, la reformaron para mal, introduciendo la desastrosa regionalización que hoy padecemos y la prohibición de reelección de autoridades subnacionales; Alan García y Humala llegaron al poder con retóricas anti-C93 y evocativas de la del 79 (“la de Haya”) –por cuyo “espíritu” juró el segundo–; Vizcarra prohibió la reelección congresal y luego forzó la C93 con su “denegatoria fáctica” autoproclamada para disolver el Congreso (que después el TC convalidó por un voto); el “congresito” 2020-21 también la forzó con su aritmética vacancia (por el peso de los votos, no de la argumentación); y Castillo perpetró toda clase de tropelías que desembocaron en su fallido golpe. Ninguna otra Constitución peruana fue, pues, tan “macheteada” con actos y palabras y sobrevivió para contarlo.

Bien podría la C93 evocar los versos de la argentina María Elena Walsh, elocuentemente ‘cancionados’ –si se me permite la palabra vallejiana– por Mercedes Sosa: “Tantas veces me mataron / tantas veces me morí / sin embargo estoy aquí / resucitando…”. Porque la deslealtad de los políticos, intelectuales y hasta magistrados peruanos al documento fundacional de nuestro sistema político es francamente insólita: como explica el profesor de Harvard Martin Puchner en “El poder de las historias”, hay una dimensión por lo menos reverencial –ya que no sacra (7/5/22)– en la Constitución de Estados Unidos, que contribuye a amalgamar y hacer funcional su democracia. En el Perú, en cambio, los mismos que juran sobre y por ella no hacen más que violentarla.

Tal vez una de las razones sea que sus defensores se han centrado en argumentos economicistas y dejado de lado los políticos, jurídicos y filosóficos, que en realidad abundan. A sus mendaces detractores, en cambio, no los para nadie y ahora hasta han convertido la sucesión constitucional en golpe, y el golpe en no se sabe qué, para beneplácito y adhesión de mandatarios y medios de comunicación extranjeros.

Si algo ha fracasado en el Perú no es, pues, la menospreciadamente resiliente C93, sino los supuestos demócratas que deberían defenderla, aunque también “el Estado disfuncional, burocrático, barroco, cortesano, virreinal –en fin– que nos legaron los borbones” (11/9/21) que ninguna carta constitucional puede por sí misma desmantelar sin la acción y convicción de los humanos obligados a cumplirla.