La Odisea de Keiko

La presidenta Fujimori tendrá solo 5 años, la mitad del tiempo que se demoró Ulises, para llegar a la tierra prometida. Ella tendrá que trazar una carta de navegación, y proseguir una ruta que podría definir el éxito —o el naufragio— del nuevo gobierno.

Después de una década marcada por la confrontación y la inestabilidad política extrema, el nuevo gobierno de Keiko Fujimori inicia funciones en un contexto paradójico. La economía vuelve a crecer, la inversión privada recupera dinamismo y el país exhibe una de las posiciones fiscales más sólidas de la región. Sin embargo, esa mejora convive con una ciudadanía golpeada por la inseguridad, una pobreza que aún no retorna a los niveles previos a la pandemia y un Estado severamente ineficaz y corrupto.

La principal incógnita es si el nuevo gobierno será capaz de acelerar el crecimiento y convertirlo en gobernabilidad y bienestar. Para lograrlo, el quinquenio parece exigir una secuencia: resolver las urgencias durante los primeros meses, destrabar las reformas en los dos primeros años y gatillar, si las condiciones externas continúan favorables, un boom económico hacia la segunda mitad del mandato.

Los primeros cien días concentrarán probablemente el mayor escrutinio político. Antes que lanzar una agenda ambiciosa de reformas, el Ejecutivo tendrá que demostrar capacidad de gestión en tres frentes donde la ciudadanía espera resultados inmediatos.

El primero será anticiparse al Fenómeno El Niño 2026-2027. La experiencia ha demostrado que el costo económico y social de una respuesta tardía supera ampliamente el de una estrategia preventiva. Si el gobierno consigue acelerar las obras de protección, mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Estado y reducir el impacto sobre la población vulnerable, enviará una primera señal de eficacia administrativa.

La segunda prueba será la seguridad ciudadana. Las extorsiones, el sicariato y el avance del crimen organizado se han convertido en la principal preocupación de los peruanos. Una reducción de estos delitos no dependerá únicamente de un mayor despliegue policial o militar, sino de fortalecer la inteligencia, mejorar la coordinación con el Ministerio Público y recuperar la capacidad del Estado para enfrentar las economías ilegales que financian estas organizaciones.

El tercer frente será político. El nuevo Congreso bicameral obligará al Ejecutivo a construir acuerdos, especialmente en la Cámara de Diputados. Sin un mínimo de gobernabilidad será difícil sostener la agenda económica y social que el país demanda.

Si esa primera etapa logra consolidarse, el cierre de 2026 debería abrir paso a reformas de mayor alcance. El destrabe de los principales proyectos mineros aparece como una prioridad para sostener el crecimiento de la inversión privada y generar empleo formal. Pero el éxito de esa estrategia dependerá también de la capacidad del Gobierno para prevenir conflictos sociales y ofrecer reglas claras a los inversionistas.

En paralelo, el Ejecutivo tendrá que empezar a corregir uno de los problemas estructurales del Estado peruano: la baja capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipales. La renovación de autoridades subnacionales representa una oportunidad para fortalecer capacidades técnicas desde el inicio de sus gestiones y mejorar la calidad de la inversión pública en todo el país.

La otra gran reforma pendiente será social. Durante años, los programas sociales han funcionado principalmente como mecanismos de asistencia. El desafío consistirá en transformarlos en instrumentos de movilidad económica, incorporando capacitación laboral, empleabilidad, acceso al crédito y apoyo al emprendimiento para que las familias puedan salir de la pobreza de manera sostenible.

El 2027 será el año en que el gobierno comenzará a rendir cuentas sobre los resultados de esa estrategia. Si para entonces las extorsiones muestran una tendencia sostenida a la baja, algunos grandes proyectos mineros empiezan finalmente a ejecutarse, los gobiernos regionales mejoran sus niveles de inversión y la simplificación administrativa comienza a reducir las barreras para hacer negocios, el Ejecutivo habrá generado las condiciones para una segunda etapa de crecimiento.

Simultáneamente, la modernización de los programas sociales debería empezar a mostrar resultados en Lima y las principales ciudades del país mediante esquemas que combinen protección social con inclusión económica. El objetivo ya no será únicamente aliviar la pobreza, sino reducir la dependencia de las transferencias públicas y facilitar la incorporación de miles de personas al mercado laboral formal.

Si esa secuencia logra mantenerse, 2028 podría convertirse en el punto de inflexión del quinquenio. La combinación de mayor inversión privada, proyectos mineros en plena ejecución, un Estado más eficiente y un entorno regulatorio más simple permitiría que el crecimiento económico se acelere hasta tasas cercanas al 6 % anual.

Creciendo a ese ritmo, el país podría reducir la informalidad laboral en alrededor de seis puntos porcentuales, lo que equivaldría a la creación de aproximadamente 1,1 millones de empleos formales; con acceso a seguridad social, pensiones, crédito y mayores ingresos, además de una ampliación de la base tributaria que permitiría financiar mejores servicios públicos.

Naturalmente, ese escenario dependerá de que el Gobierno mantenga la estabilidad macroeconómica, evite conflictos sociales que paralicen las inversiones, preserve la disciplina fiscal y responda debidamente a eventuales choques externos. Cualquiera de esas variables podría alterar el cronograma previsto y retrasar los beneficios esperados.

Hacia el final del mandato, el verdadero balance no estará solo en el crecimiento económico acumulado, sino también en la capacidad del Estado para transformar ese crecimiento en bienestar compartido. Reducir la pobreza hasta el 13 %; aumentar la comprensión lectora al 30%; disminuir la anemia, las extorsiones, los robos de celulares y la congestión del tránsito a la mitad, constituirían indicadores más relevantes para el ciudadano de a pie, que cualquier cifra de inversión o de expansión del PBI.

El nuevo gobierno llega con una oportunidad que pocas administraciones recientes tuvieron: estabilidad política potencial, mejores condiciones económicas y un horizonte completo de cinco años. La pregunta es si será capaz de aprovechar esa ventana para mitigar los riesgos del corto plazo e impulsar las reformas pendientes o si, como ocurrió en otros periodos, las tentaciones populistas o autoritarias terminarán desplazando las transformaciones de fondo. La respuesta comenzará a escribirse mucho antes de que termine el primer año de gestión.