Ya que estamos en vísperas de que millones de personas nos quedemos sin agua por un período de entre 24 a 96 horas dependiendo del lugar, vale recordar que, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), más de 3 millones de peruanos no tienen acceso a la red pública de agua potable y 8,7 millones no cuentan con alcantarillado. Contar con ambas –nos recuerda esta superintendencia– disminuye en 13% la desnutrición crónica infantil, reduce los casos de anemia y mejora en 50% la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
Siendo así, es indignante que en los últimos cuatro años las empresas públicas que la gestionan hayan dejado de ejecutar S/12.612 millones en agua y saneamiento. Para el próximo año se les va a asignar S/6.400 millones de los que –podemos predecir– devolverán unos S/3.000 millones. Además, el Programa Agua Segura del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para Lima y el Callao ha ejecutado hasta ahora el 36,1% de su presupuesto. ¡Qué inseguridad!
Ya que estamos a una semana del estado de emergencia por inseguridad, vale resaltar que el comandante general de la PNP ha pedido declarar en emergencia el parque automotor de la PNP. ¡Hay 9.250 vehículos inoperativos!
Señalan que no los renuevan desde la pandemia dado que hay una escasez internacional de los modelos que ellos buscan, que tienen “ciertas condiciones y requerimientos”. Siendo menos quisquillosos, en vez de nada podríamos haber ido rentando motos y patrulleros medianos, equipados con radio, georreferenciación, Internet y circulinas.
El Ministerio del Interior ha dejado de ejecutar inversiones de su presupuesto anual entre el 2018 y el 2022 por casi S/1.800 millones; agréguese que la ejecución del 2023 viene siendo bajísima.
Si de esos S/2.000 millones devueltos al MEF (cifras gruesas) se hubiese transferido en su momento el dinero a la partida de bienes y servicios, destinando cada año S/150 millones a rentar patrulleros (que vienen asegurados, se reemplazan mientras se reparan y se sustituyen por uno nuevo cada tres años) y asumiendo que el alquiler anual con todos sus adminículos incluidos cuesta S/35.000 por unidad, circularían 4.200 patrulleros. Apliquemos el mismo esquema para las motos, a un tercio del precio de los patrulleros, y tendremos que, con S/80 millones adicionales podríamos tener 6.600 motos rondando nuestras ciudades. ¡Ni uno en el chatarrero!
Ya que estamos en semana de Perumin, hay que recordarles a nuestros gobernantes que desojan margaritas con la inversión minera, que en la economía verde hacia la que avanza el planeta a pasos agigantados (y ojalá a la velocidad suficiente como para que el planeta sobreviva), el cobre es esencial e insustituible. ¡Adiós petróleo, bienvenido cobre!
Tenemos la suerte de ser uno de los países con más cobre del planeta y en mucho lo estamos dejando enterrado. En lugar de aspirar a superar a Chile, el número uno, estamos cerca a dejarle el segundo lugar a la República del Congo.
El Instituto Peruano de Economía ha hecho un estudio que concluye que, entre el 2008 y el 2022, 23 proyectos mineros se retrasaron por razones ajenas a las empresas y que ello significó pérdidas por S/698.000 millones para la economía peruana y S/123.000 millones en recaudación fiscal.
Y ya que esta semana –como en todas– tenemos nuevas denuncias de corrupción (Sada Goray ofrece probar que le dio un millón de soles a uno de los más connotados ‘Niños’, para que la “ayude” con una ley), señalemos que, según la Contraloría General de la República, durante el 2022 la corrupción habría ocasionado al país un perjuicio económico estimado en S/24.419 millones; a saber, el 13,4% del presupuesto de ese año (porcentaje similar al de otros años).
Para empezar a cambiar todo lo anterior, necesitamos una verdadera renovación de liderazgos políticos que convoquen a gente joven, sana y competente a la función pública. Lamentablemente, el tiempo que irá entre el 2023 y el 2026 serán años perdidos y nuestros talentos seguirán yéndose del país a borbotones.
Venezuela
