Comentaba la semana pasada que, visto desde el exterior, nuestro país muestra rasgos llamativos y singulares, percibidos como “modelos” para otros países. En Argentina se discute si ese país logrará lo que damos por sentado aquí: una economía abierta a mercados internacionales, basada en la exportación de productos primarios, en la que el ingreso de divisas permite una estabilidad cambiaria considerable y bajos niveles de inflación. Sin embargo, se advierte que también hay un costo: mayores niveles de desigualdad, pérdida de base industrial, y precarización del empleo. Por otra parte, nuestro país llama la atención por tener una democracia sin partidos y, sin embargo, poder sostener la dinámica económica descrita anteriormente. El deterioro y “vaciamiento” de los partidos aparece como una tendencia general en la región, por lo que nuestro país parece ser “el futuro” de la representación política.
Esta semana podríamos añadir a este recuento la existencia de tantos expresidentes presos o procesados por delitos de corrupción en los últimos años. Como es sabido, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK, y recientemente Martín Vizcarra y Pedro Castillo han pasado por prisión. Desde una perspectiva marcada por cierto cinismo, el Perú aparece como un caso virtuoso: si asumimos que todos los presidentes en todo el mundo son más o menos corruptos pero gozan de impunidad, el Perú destacaría por contar con una justicia independiente y eficaz, capaz de perseguir a las máximas autoridades del Estado. Por el contrario, desde una postura más “benigna” con el poder, lo que llama la atención es la instrumentalización del sistema de justicia como parte de una dinámica de enfrentamiento político exacerbado y fratricida, de la que las reiteradas vacancias presidenciales y renuncias forzadas (PPK, Vizcarra, Merino, Castillo, Boluarte) serían parte del mismo proceso. El Perú aparece, entonces, ya sea como una referencia de cierta fortaleza institucional en algunas áreas claves del Estado o como un ejemplo de los riesgos y extremos a los que conduce una dinámica de creciente polarización política.
Lo interesante de todo esto, a mi juicio, es que todo lo descrito corresponde en efecto a parcelas de nuestra compleja realidad. Es cierto que el modelo económico vigente, caracterizado por Efraín Gonzales de Olarte como “primario exportador y de servicios”, ha permitido una notable estabilidad en general y cambiaria en particular, crecimiento y baja inflación, que resultan destacables en el contexto regional. Pero también lo es que convive con niveles altísimos de desigualdad, informalidad y precariedad. Es cierto que las vacancias, procesos judiciales y sentencias a autoridades y políticos de alto perfil son expresión de un proceso de creciente polarización y enfrentamiento político entre actores débiles y desprestigiados. Pero también lo es que existen islas de autonomía e independencia respecto de las presiones del poder político que explican ciertas decisiones. También es cierto que hemos convivido en los últimos años con cierta estabilidad y dinamismo económico, así como con actores políticos e instituciones tremendamente débiles. Esta paradoja se explica porque, durante un tiempo y en algunas áreas, la debilidad de los partidos dejó espacios vacíos que terminaron siendo ocupados por élites de expertos y tecnócratas. Sin embargo, en el último tiempo esta dinámica se está deteriorando y vemos cada vez más lógicas depredadoras dentro del Estado que ponen en riesgo nuestra estabilidad económica.
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