En un país donde 1.000 niñas menores de 14 años dan a luz cada año producto de una violación, el nuevo presidente de la República cree que las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de una mujer. Cree, además, que es correcto que profesores tengan relaciones con sus alumnas.
José María Balcázar ha sido abogado de dos violadores, uno de los cuales fue condenado a cadena perpetua por haber violado durante ocho años a una niña desde que tenía nueve y haberla obligado a abortar tres veces. Tiene 13 investigaciones fiscales por delitos que van desde corrupción de funcionarios hasta robo agravado, y fue separado de su cargo como juez superior por falta de idoneidad. ¿Se sorprende? No debería. Balcázar ha sido uno de los 130 congresistas de la República durante los últimos cuatro años y siete meses. Pero como no es el único con antecedentes de este tipo, en lugar de sorprendernos deberíamos preguntarnos por qué hemos permitido que la política se degrade de esta manera. ¿Por qué los ciudadanos toleramos que personas así nos gobiernen?
Balcázar llega a la presidencia como producto de uno más de los negociados que ocurren en el Congreso todos los días. Esta vez, César Acuña habría querido no solo mantener los ministerios de Vivienda y Trabajo —donde controla millonarios contratos y compras públicas de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y Essalud —, sino también conseguir el de Economía. ¿Qué pidió José Luna Gálvez? Lo sabremos en los próximos días.
Algunos congresistas de derecha han tenido que votar por Balcázar para que alcanzara los 64 votos necesarios. Deben rendir cuentas. Y nosotros debemos exigirlas. Por eso es indispensable eliminar el voto secreto. Si no sabemos cómo votan, no podemos exigir responsabilidad por sus decisiones.
¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque en nuestro país la ley es letra muerta. No la respetan los congresistas, no la respetan muchos alcaldes, y tampoco nosotros cuando aceptamos, resignados, ser gobernados por lo peor mientras tranquilizamos nuestra conciencia diciendo que, pese a la degradación política, la economía “sigue creciendo”. Como si el PBI fuera lo único que importara. Pero sin instituciones y sin estado de derecho, no hay economía que aguante a largo plazo.¿En qué momento entenderemos que si no ejercemos ciudadanía la degradación será cada día mayor? No es casualidad que cada cinco años nos enfrentemos al “peor Congreso de la historia”. Y nada indica que el 12 de abril elegiremos mejor. ¿Por qué? Porque los partidos no filtran a sus candidatos, solo les cobran, y nosotros no se los exigimos. Votamos por el mal menor. Y luego nos desentendemos.
¿Y los partidos? ¿Qué responsabilidad asumen por sus congresistas y sus alcaldes?Avanza País llevó al poder al alcalde de Ate, cuestionado por extorsionar empresas mediante cierres irregulares, y tiene además a un segundo alcalde investigado por dirigir una red de corrupción en uno de los distritos con mayor desarrollo inmobiliario de Lima.
Renovación Popular, por su parte, tiene en sus filas al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, quien no solo gobierna con la arbitrariedad como norte, sino que intentó presionar a Intercorp cerrando irregularmente15 locales comerciales.
Seamos francos: ¿cómo podemos exigir una clase política diferente si ni siquiera nos atrevemos a cuestionar a quienes rodean a Acuña y a López Aliaga? ¿Cómo pretendemos cambiar algo si, en lugar de exigir explicaciones, los defendemos? Mientras tanto, López Chau con Indira Huilca adentro, avanza lento pero seguro.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.