¿En qué momento nos olvidamos del Perú?

Releía “Conversación en La Catedral”, un libro emblemático de nuestro recordado premio Nobel Mario Vargas Llosa, y me encontraba con la icónica frase: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”. Con el tiempo, quizá la pregunta se ha reformulado.

Lo que presentaré no son opiniones aisladas. Es evidencia oficial de una combinación de irresponsabilidad, intereses económicos y corrupción. La convocatoria realizada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) no solo involucró presupuesto público, sino a más de 103 mil jóvenes que postularon para ser uno de los 30 mil preseleccionados que podrían acceder a una de las 20 mil becas integrales para la modalidad Beca 18.

Desde septiembre del año 2025, en pleno proceso de formulación del presupuesto público para el año fiscal 2026, la Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV) identificó un problema que parecía ser un error técnico: no era posible verificar parte del financiamiento del PRONABEC dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026. Por ello, mediante el Oficio N.º 0016-2025/PR-RENAJUV, se solicitó formalmente la incorporación de un artículo complementario que garantice el financiamiento de las 38 mil becas nuevas anunciadas públicamente por el gobierno y el PRONABEC.

La respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas fue clara, pero reveladora. A través del Oficio N.º 0989-2025-EF/50.06, el MEF señaló que no era de su competencia incorporar dicho artículo, trasladando la responsabilidad al propio Ministerio de Educación, en su calidad de titular del pliego presupuestal.

Por su parte, el Ministerio de Educación, mediante el Oficio N.º 02856-2025-MINEDU/SPE-OPEP, sostuvo que el presupuesto del PRONABEC sí se encontraba incluido dentro de los anexos del proyecto de ley, señalando que dicha información era de acceso público. Sin embargo, en ningún momento se acreditó la existencia de un financiamiento específico ni suficiente para cumplir con la meta anunciada de 38 mil becas nuevas.

Es decir, ante una alerta concreta dada desde la sociedad civil que advertía un posible vacío presupuestal, las entidades del Estado respondían que el problema no existía o hacían un deslinde de funciones. Esta situación —ya advertida— se vuelve aún más evidente en el año 2026.

Mediante una Solicitud de Acceso a la Información Pública (15 de enero de 2026), RENAJUV requirió al MINEDU el informe previo favorable exigido por la Octogésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N.º 32513 (Ley de Presupuesto 2026), referido al financiamiento para garantizar la sostenibilidad de las 38 mil becas. La respuesta, contenida en el Oficio N.º 00039-2026-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, señala que la Unidad de Planificación y Presupuesto del MINEDU informó que no había emitido dicho informe, al no haber recepcionado expediente alguno vinculado a esa autorización.

En otras palabras, nunca llegaron a ver la lista de preseleccionados los más de 89 mil postulantes que, habiendo cumplido con rendir el examen de preselección el 16 de noviembre de 2025, tal como dicta la norma técnica que reguló el proceso. Es así que, en enero de 2026, mediante el Oficio N.º 0005-2026/PR-RENAJUV, se solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la realización de un servicio de control concurrente sobre el proceso de Beca 18 – 2026, advirtiendo riesgos en la legalidad, el cronograma y el financiamiento del concurso.

En respuesta, el Órgano de Control Institucional del MINEDU emitió el Informe de Orientación de Oficio N.º 003-2026-OCI/0190-SOO, en el que se identifican situaciones adversas vinculadas al proceso, señalando riesgos que afectan la transparencia, la predictibilidad y la confiabilidad del concurso, impactando directamente a más de 89 mil postulantes.

Otro documento resulta igualmente revelador. A través del Informe N.º 379-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC-SES, emitido en respuesta a una nueva solicitud de información de RENAJUV, el propio PRONABEC reconoce que el Examen Nacional de Preselección no constituye una convocatoria de becas, debido a que en ese momento no existían bases aprobadas ni número de becas definido. En términos simples, miles de jóvenes rindieron un examen sin que el Estado hubiera determinado cuántas becas podía otorgar.

Posteriormente, en febrero de 2026, se publicaron las bases del concurso, que modificaron los criterios de evaluación establecidos en la norma técnica. Esto no solo afectó las decisiones de los postulantes, condicionando su elección hacia determinadas carreras e instituciones públicas, sino que también generó un impacto en la equidad del proceso. Desde una perspectiva jurídica, esto configura una posible vulneración de principios esenciales de la administración pública: legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.

Esta labor ha permitido evidenciar que el problema no es coyuntural, sino estructural. Porque cuando el Estado falla en algo tan esencial como el acceso a la educación, la pregunta deja de pertenecer al realismo mágico y se convierte en realidad.