El ministro que necesita el MEF

El próximo gobierno será juzgado antes de jurar. No bastará con ganar la elección: deberá demostrar, desde el primer día, que cuenta con equipo, dirección y capacidad de mando. La primera señal será el nombramiento del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Quien llegue al poder tendrá que designar a una figura capaz de devolverle credibilidad técnica, peso político y autoridad institucional a una cartera debilitada.

En los últimos años, el orden macroeconómico se ha erosionado por gestiones erráticas y por una costumbre peligrosa instalada en el MEF: callar ante los arrebatos populistas. El resultado está a la vista: más gasto permanente, beneficios tributarios sectoriales y obligaciones sin financiamiento.

Recuperar esa fortaleza exige, ante todo, solvencia técnica. El MEF no es solo un ministerio de Hacienda; es el centro de gravedad de la política pública. Su primera tarea debe ser ordenar al Ejecutivo. Frente a agendas sectoriales que distorsionen el mercado o comprometan recursos que no existen, el MEF debe defender, sin ambigüedades, la estabilidad macroeconómica.

Pero la solvencia técnica no basta. Un ministro competente, sin capital político, dura poco o termina cediendo. Tendrá que resistir no solo las presiones del Ejecutivo, sino también las del Congreso, de los gobiernos regionales y de grupos privados que exigirán beneficios tributarios, mayor gasto o rescates estatales. Por ello, deberá contar con el respaldo inequívoco del presidente y con el criterio político necesario para decir no sin dinamitar los puentes que permiten gobernar.

El Perú, además, no puede limitarse a controlar daños. La autoridad económica necesita una agenda creíble de crecimiento: productividad, competitividad, formalización, inversión pública y privada, y capacidad de ejecución. El éxito económico solo será sostenible si viene acompañado de empleo formal, inversión y mejores servicios públicos. Un país no ordena sus cuentas solo con recortes: debe crecer más y gastar mejor.

También se requiere una relación madura con el sector privado. Escucharlo no es someterse. Sus propuestas pueden elevar la calidad de las decisiones públicas; sus presiones particulares, en cambio, pueden deteriorarla. En el MEF confluyen pedidos de distinta naturaleza: algunos buscan resolver problemas reales; otros, convertir un interés privado en política pública. Un ejemplo de captura fue la negociación entre el MEF, Pro Inversión, algunos empresarios y el Congreso para aprobar, en vísperas de la Semana Santa del 2025, de manera encubierta y al margen del procedimiento parlamentario, una norma sobre asociaciones público-privadas destinada a favorecer a un grupo de interés.

Por último, el próximo titular del sector debe empezar por respetar la institución. Eso supone cuidar a sus equipos técnicos, no sustituirlos por cuotas políticas ni por improvisados. Su mayor fortaleza está en funcionarios que, tras décadas de crisis, han sostenido la estabilidad del Estado. No son una traba: son memoria institucional, criterio acumulado y defensa de reglas que otros quisieran torcer. Un buen ministro no llega a decapitar equipos; llega a exigirles, respaldarlos y elevar el estándar.

El fallecimiento de Carlos Oliva recuerda el tipo de autoridad que necesita el ministerio: solvencia técnica, criterio institucional e independencia. Oliva encarnó virtudes hoy escasas: rigor, prudencia, honestidad y responsabilidad pública. Tras la disolución del Congreso, en el 2019, dio un paso al costado y marcó distancia frente a una decisión imprudente del entonces presidente.

También importa saber qué ministro no queremos: uno dispuesto a sacrificar principios macroeconómicos para permanecer en el cargo; uno que oculte información, negocie en la sombra o responda a un partido antes que al país; uno que llegue con ánimo de revancha o use la cartera como laboratorio ideológico. El MEF no puede ser refugio de ambiciones personales ni ventanilla de intereses políticos.

El MEF conserva una tradición de excelencia, aunque su autoridad ha sido erosionada por intereses particulares y resentimientos políticos. Hoy requiere disciplina fiscal, una agenda de crecimiento y oficio político. Necesita un ministro que entienda que cada ‘sí’ irresponsable se paga con deuda, impuestos futuros o servicios públicos deteriorados. Gobernar con seriedad exige, muchas veces, saber decir no.

Actualización (10/6/25): a continuación, la respuesta de Pro Inversión a la columna de Gabriel Daly:

Actualización (10/6/26): respuesta de Gabriel Daly a la carta de Pro Inversión:

En atención a la carta notarial remitida por Pro Inversión, corresponde efectuar una precisión sobre los alcances de mi columna. La expresión “de manera encubierta” no pretendió imputar a dicha entidad, ni a sus funcionarios, la comisión de una conducta ilícita. El sentido de la afirmación fue cuestionar la forma en que se tramitó y aprobó una norma vinculada al régimen de asociaciones público-privadas.

Dicho de manera más precisa, la crítica apunta a que la norma fue aprobada sin un proceso suficientemente amplio de discusión pública, socialización técnica y consulta con los sectores involucrados, reguladores, especialistas y demás interesados, como había sucedido con cada una de las normas precedentes. Tratándose de una materia de alta relevancia para la inversión privada y la gestión pública, el procedimiento debió garantizar mayores niveles de deliberación, transparencia, participación y debate técnico.

En consecuencia, mantengo el fondo de mi opinión crítica sobre el procedimiento seguido, pero aclaro que esta no debe interpretarse como una imputación de ilegalidad contra Pro Inversión, sino como una observación sobre la insuficiente deliberación pública en torno a una reforma normativa relevante para el régimen de asociaciones público-privadas.