Mercado libre, Estado fuerte

Muchos ministros de Economía llegan con una promesa: la del machete. Recortar, ajustar, sanear. Elmer Cuba, a quien la prensa ubica como titular del MEF en el próximo gobierno de Keiko Fujimori, parece llegar con algo distinto: un manual de instrucciones. Y esa diferencia importa, porque en el Perú toda opción de derechas suele leerse como reducción del Estado, cuando el perfil de Cuba apunta a otra cosa.

Cuba no es libertario. Tampoco neoliberal. Es, si hay que ponerle una etiqueta que resista el escrutinio, un institucionalista pragmático: cree en el mercado, pero desconfía de un Estado que no sepa hacer cumplir un contrato. Su doctrina, más ordoliberal que thatcherista, sostiene que los mercados no funcionan solos, funcionan con reglas. Ahí está el manual del que hablábamos: no un recetario de recortes, sino procedimientos –fiscales, monetarios, regulatorios– que se cumplen igual, sin importar quién es el ministro.

Esto significa autonomía del BCR sin concesiones, reglas fiscales que se cumplen, aunque incomoden al Congreso, y rechazo al financiamiento monetario del gasto. Significa también aceptar déficits temporales cuando la economía lo exige, con una condición: ese gasto se convierte en deuda pendiente, que se salda apenas la economía lo permite.

Destrabar minería, infraestructura, construcción y energía. Simplificar permisos. Reducir barreras a la formalización. Meter competencia donde hay concentración. Flexibilizar la regulación laboral para que contratar deje de ser un riesgo y formalizarse un castigo. Cada punto es sentido común: treinta años de reformas parciales que nunca cuajaron, y hoy se traducen en grandes proyectos de inversión varados e informalidad creciente.

Pero aquí está lo que distingue a Cuba de una derecha que reduce su programa a bajar impuestos y cortar gasto: su diagnóstico no apunta contra el tamaño del Estado, sino contra su ineficiencia. Su idea de Estado se resume en tres tareas: crear condiciones para la inversión bajo reglas claras, proveer bienes públicos –educación, seguridad, infraestructura– y proteger a quienes la economía de mercado deja atrás. En este marco, se entiende su defensa del sistema previsional, que obliga a la gente a ahorrar para su vejez porque asume que voluntariamente nunca lo harán.

También acepta que el Estado dé el primer impulso donde el mercado todavía no arranca, si luego se retira y entra el privado. Su crítica no es contra el gasto público, sino contra el que no rinde cuentas –como en Petro-Perú, donde ha cuestionado que los contribuyentes financien las pérdidas de una empresa mal gestionada–.

En lo tributario, para Cuba el problema no son las tasas, sino la evasión. Preferiría ampliar la base antes que subir la tasa, para lo cual apoya una reforma laboral y tributaria para pymes y microempresas.

¿Es esto una promesa de crecimiento acelerado? No necesariamente. Es una promesa de previsibilidad que, en una economía con vacancias, cambios de Gabinete y 17 ministros de Economía en una década, puede valer más que cualquier proyección del PBI. La estabilidad, cuando escasea, es la política pública más rentable.

El verdadero desafío llegará desde dos frentes paralelos. Uno institucional: la primera prueba de una regla que el TC acaba de reforzar, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. La sentencia existe; falta ver si se cumple. Otro social: los bloqueos que paralizan corredores mineros, las carreteras tomadas para exigir subsidios, los paros que piden lo que la caja fiscal no tiene. Ahí se sabrá si Cuba sobrevive al contacto con la política real, o si termina devorado por la correlación de fuerzas.

El Perú no necesita otro ministro que prometa refundar la economía. Necesita uno que la sostenga mientras se reconstruye lo que la política destruyó en una década. Si Cuba es ese ministro, lo sabremos no por sus doctrinas, sino por las reformas que logre sostener frente a la calle y el Congreso.