Estado de derecho y situación de hecho

El expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Víctor García Toma, ha comentado el tema de la privación preventiva de la libertad en una entrevista de este Diario el 2 de agosto pasado. Piensa que, a veces, la justicia lo hace para forzar a sospechosos a declarar hechos relacionados a delitos propios o ajenos, entre otros motivos.

El Estado de derecho peruano, como en cualquier nación civilizada, contempla en la legislación penal dos medidas que, en la situación de hecho que sufre la nación, están causando estragos. Lo vemos cuando el Tribunal Constitucional ordena liberar a un sospechoso que sufre injustamente prisión preventiva o cuando un delincuente recibe una sentencia que consiste en acudir a recibir clases de ética, realizar trabajos comunitarios, firmar un cuaderno en una comisaría cada semana o pagar una multa que casi nunca se paga, pero no va preso.

La justicia tiene prevista la presión preventiva mientras dure un juicio penal, para que el sospechoso no huya a otro país. Podemos preguntarnos: ¿No valdría la pena que huya del país? ¿No dejaría un lugar libre para un preso condenado, que tanta falta nos hace? Y, asimismo, nos libramos de un indeseable. Sería una especie de autodeportación, ya que en su propio país puede ir a la cárcel al terminar el juicio. Y si la medida está equivocada, el afectado inocente sufre el no estar en su país –tiene derecho a estarlo– pero por lo menos no estaría preso. Pero tal razonamiento rompe el criterio de una normatividad que garantice la libertad ciudadana; no podemos pensar así.

En el caso de las sentencias sin privación de libertad, las aldeas primitivas linchan al ladrón sin más ni más, ipso facto, con el alcalde a la cabeza. Pero, sin importar nuestra situación de hecho, nosotros somos en el papel un Estado de derecho. Por tanto, los tres poderes del Estado deben reflexionar sobre los casos de los delincuentes de causas menores, que no reciben en la sentencia privación de libertad. No puede ser un oportuno comunicado a la policía para que vigile al ladrón de turno encontrado en flagrancia, cuando el juez de turno no considere que hay pruebas suficientes para meterlo preso, porque no tenemos tantos policías para vigilar a ese ejército de infractores de la ley que quedan libres, para ser vigilados.

Y, en ese ejército de infractores de causas menores, están quienes ejecutan asesinatos a la vista del público, sicarios montados en una moto. Y es ese ejército de infractores el que destaca mayoritariamente en la situación de hecho que rompe con el actual Estado de derecho. En lugares cerrados, como las instituciones educativas, sería suficiente ponerles un cartel en la espalda que diga: “Cuidado, delincuente libre”. Pero en las calles, simplemente, se tiraría al suelo el cartel. ¿Qué hacemos con ese ejército que reina en una sociedad insegura, donde los ricos se van a otro país o van en autos blindados y los pobres sufren las consecuencias?

La presidenta Keiko Fujimori ha dicho que recibe un país en estado catastrófico. Evidentemente, requerimos un nuevo Estado de derecho, acorde a la peligrosa inseguridad de la actual situación de hecho.

Pero los poderes del Estado fallan. Ello se grafica elocuentemente en el caso del diputado de Juntos por el Perú Julián Pérez Mallqui, que debía ser parte de la solución pero lo es del problema. ¿Tenemos un círculo vicioso que no deja que recuperemos la seguridad ciudadana? Esperemos que el gobierno rompa ese círculo vicioso y se encamine hacia una nueva legislación, más enérgica y efectiva.