Todos los días se repite que la inseguridad ciudadana es el principal problema del Perú. Los precandidatos se presentan como adalides de la lucha contra el crimen, proponiendo aumentar penas y ejercer mano dura. Pero pocos miran la raíz: el deterioro institucional. La inseguridad es la consecuencia visible de un Estado que ha dejado de hacer cumplir sus propias reglas. Cuando desde la cúspide del poder se transgreden las normas sin sanción, el mensaje es devastador: si ellos pueden, todos pueden. Esa erosión ha corroído la base de nuestro crecimiento económico.
La economía institucional lo explica con claridad. Douglass North definió las instituciones como “las reglas del juego en una sociedad” y sostuvo que el desarrollo depende de que esas reglas reduzcan la incertidumbre. Cuando las normas se aplican arbitrariamente, los costos de transacción aumentan y la inversión se retrae. James Buchanan advertía que, sin límites ni controles, el poder tiende a capturarse en beneficio propio. De allí la necesidad de normas claras, contrapesos y rendición de cuentas. Daron Acemoglu y James Robinson demostraron que las sociedades que prosperan logran instituciones inclusivas, donde el poder se distribuye y la ley se aplica generalmente. Las naciones en instituciones extractivas terminan en trampas de bajo crecimiento y desconfianza.
El Perú conoció la diferencia. Desde 1993, se construyó un marco que permitió tres décadas de estabilidad, apertura comercial y expansión de inversión. Fue un círculo virtuoso: reglas claras, confianza y crecimiento. Pero en los últimos años ese edificio se ha venido abajo. La politización de la justicia, la captura del Congreso y la impunidad han convertido al Estado en fuente de incertidumbre. El deterioro no es abstracción: se siente en el día a día. Un empresario duda invertir; un emprendedor desiste de formalizarse; un propietario pierde su terreno; un ciudadano percibe que las sanciones nunca alcanzan a los poderosos.
No se puede normalizar lo inaceptable. Debemos preservar la confianza que es capital económico. Cuando la institucionalidad se resquebraja, no hay política fiscal ni monetaria que compense la pérdida de credibilidad. La inversión privada necesita certidumbre jurídica. Y cuando esta desaparece, se paraliza el crecimiento y se debilita la esperanza. Por eso, antes de prometer “mano dura”, los aspirantes al poder deben comprometerse con una verdadera agenda de reconstrucción institucional. El Perú no necesita más improvisación ni discursos populistas. Necesita volver a creer en su propio Estado. Necesita instituciones que funcionen, que protejan al ciudadano honesto y sancionen al corrupto, sin excepciones.
Como recordó North, “las instituciones determinan el desempeño económico de las sociedades”. Y como advierten Acemoglu y Robinson, las naciones fracasan cuando las reglas se pervierten. El desafío no es solo crecer, sino reconstruir la base moral e institucional que haga posible ese crecimiento. Los ciudadanos no piden milagros, sino reglas que se cumplan. El Perú ya demostró que puede prosperar cuando respeta sus propias normas. Toca ahora demostrar que también puede desarrollarse cuando las cumple.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
EEUU
