Un país donde la ley es un eufemismo

La incapacidad del Estado para hacer cumplir la ley no detiene a los hacedores de normas para continuar creando leyes imposibles de cumplir. Esta debilidad del Estado es un serio problema estructural que debilita la confianza de los ciudadanos.

Miles de combis y colectivos circulan sin autorización por pistas y carreteras, poniendo en riesgo a los pasajeros. Muchas tienen varias multas de tránsito y hasta órdenes de incautación, pero siguen operando porque el control estatal es inexistente y la corrupción está a la orden del día. La Nueva Estrella es una empresa de transporte público que acumula millones de soles en multas impuestas por el SAT. Pero siguió operando sin problemas, aunque tenía varias unidades con orden de captura y una flota informal paralela. Y siguió sumando infracciones. Hace unos meses una de sus coasters se salió del carril, invadió la vía exclusiva del Metropolitano, impactó contra uno de los buses articulados, lo que causó la muerte de tres personas e hirió a otras 27. Tenía ocho papeletas por S/8.889. Pero no es la única. Holding Real Express cometió, solo en el 2023, 1.414 infracciones de tránsito y sigue operando.

Estos son claros ejemplos de cómo el Estado Peruano tiene dificultades para hacer cumplir la ley: aunque las sanciones existen y son cuantiosas, la incapacidad del Estado genera una sensación de impunidad y pone en riesgo la seguridad de los peruanos. En carreteras, las empresas más multadas por exceso de velocidad y otras faltas siguen operando, pese a que en lo que va del 2025 el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) reportan que más de 2.500 muertes están directamente vinculadas a accidentes donde participaron vehículos de transporte público. Como el caso del despiste en la Panamericana Sur en Arequipa donde murieron 37 personas.

Pero no es solo que el Estado no puede hacer cumplir la ley, no puede siquiera proteger a sus propios funcionarios. En noviembre del 2023, 67 fiscalizadores de la ATU fueron agredidos en distintos operativos por choferes tratando de huir.

La Municipalidad de San Isidro ha impuesto una multa de S/154 a los conductores que usan indebidamente el claxon. ¿Qué capacidad tiene la municipalidad de imponer la multa? Ninguna. El problema con crear regulaciones que son incapaces de ser ejecutadas es que los ciudadanos se acostumbran a que incumplir la ley no genera ningún tipo de responsabilidad. Entonces, la ley deja de ser realmente ley.

¿Por qué los mineros con Reinfo concluirían el proceso de formalización sabiendo que el Congreso siempre renovará el plazo? ¿Cómo logramos detener el crimen organizado si los sicarios siguen operando impunemente, porque ni la policía ni el sistema judicial tienen ni los recursos ni la capacidad ni la voluntad para detenerlos?

Pero, ¿por qué los ciudadanos cumplirían la ley si el mismo Estado no lo hace? El exalcalde de Lima y hoy candidato presidencial, por ejemplo, puede romper contratos de concesión vial de manera unilateral solo porque así lo decide, sin que haya una sentencia que se lo permita. Y, entonces, el Estado de derecho no existe. Pero, como creo que el alcalde es de derecha y un exitoso empresario, lo aplaudo de pie. Así me convierto en parte del problema de un país donde la ley es un eufemismo y el imperio de la ley, ese principio según el cual la ley está por encima de cualquier persona, autoridad o poder político, y todos –incluidos los gobernantes– deben someterse a ella, una ficción.