Hubert Lanssiers y la democracia

“Nos van a matar a todos”, pensé esa mañana, a mediados de los años 90.Acababa de cruzar los altísimos muros del penal de Picsi, en Chiclayo, junto al sacerdote recoleto Hubert Lanssiers. Yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, y el padre Lanssiers presidía la comisión del Estado para revisar las condenas por terrorismo contra presos inocentes.

En Picsi se hacinaban casi 1.000 reclusos, el triple de los que en teoría cabían, pero Lanssiers no pasaba desapercibido: un viejo belga flaquísimo de un metro noventa. Ojos azules. Un cigarro Inka y un comentario sarcástico siempre colgando de los labios.

En otras circunstancias, los senderistas no habrían dudado en meterle una bala en la cabeza a un sacerdote católico. Por cierto, los empleados del que llamaban “Estado genocida” como yo mismo, tampoco les caíamos bien. En cuanto se abrió la puerta del pabellón E, me eché a temblar.

Para mi sorpresa, todos los presos se dirigían al padre Lanssiers con un respeto que no le habrían concedido ahí afuera, que yo nunca les había visto conceder a nadie. Porque él les hablaba a ellos así. Ambas cosas me parecieron un milagro.

En realidad, los policías tampoco le habían tenido mucho aprecio al padre: su trabajo en las cárceles lo había vuelto sospechoso de terrorismo por años. Sin embargo, cuando salimos del pabellón, los oficiales también se cuadraban a su paso. El respeto por Lanssiers era absoluto. Porque muchos de ellos, sencillamente, le debían la vida.

Durante los años de fuego, las prisiones habían sido un escenario de combate más. Los senderistas se amotinaban y asesinaban a policías o fiscales. Los guardias respondían multiplicando la violencia. En 1986, una rebelión simultánea en tres penales había acabado con 254 presos muertos. En 1992, 42 más habían muerto en otro.

Habrían ocurrido muchas más tragedias, de no ser por el padre Lanssiers. En numerosos motines, las autoridades lo llamaban para mediar y él acudía, a veces a medianoche o de madrugada, a desactivar el enfrentamiento; incluso a recoger personalmente los cadáveres.

Lanssiers no veía terroristas o genocidas, ni siquiera izquierdistas o derechistas, sino seres humanos. En vez de juzgar, dedicó su vida a intentar que todos viviesen dignamente: llevaba comida, medicinas, mantas. Llevaba paz. Cuando murió, hace exactamente 20 años, fue necesario transportar el féretro a tres cárceles diferentes. Tanto los presos como los funcionarios se querían despedir de él.

La asociación que él fundó, Dignidad Humana y Solidaridad, sigue trabajando en nuestro sistema penitenciario, construyendo talleres artesanales, organizando cursos y paliando las carencias del Estado en materia de reinserción.

Pero dos décadas –y 10 presidentes– después de su partida, el mensaje de Lanssiers trasciende las cárceles: hoy, el Perú ha vuelto a ser un país inundado de odio, entre la capital y las regiones, entre ricos y pobres, entre extremos políticos. Pero una democracia solo sobrevive si sus ciudadanos reconocen el derecho a la dignidad de todos.

Al fin y al cabo, el poder de Lanssiers residía en su autoridad moral, una autoridad que nuestros dirigentes han olvidado, pero con la que él hacía milagros.