INAcción, extradición

En abril del 2001, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, el presidente de transición, Valentín Paniagua, convocó a un grupo de trabajo denominado Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA). Integrado por representantes del Estado, la sociedad civil organizada y el sector empresarial, tuvo el encargo de estudiar la extensión y naturaleza de la corrupción en el país en los 90, así como de proponer acciones concretas divididas por poderes del Estado y por instituciones, para evitar que una situación similar se repitiera.

“La corrupción sistémica ha sido el carácter distintivo de la forma como la corrupción operó en nuestro país durante la década pasada. Lo innovador, por llamarlo así, fue el copamiento o captura del Estado por parte del núcleo corrompido y corruptor, y la succión-direccionamiento que este impuso a las redes preexistentes y dispersas de la corrupción institucional”, precisó en su diagnóstico.

Luego, explicó: “El éxito de la lucha anticorrupción solo es posible si se cumple con asegurar cuatro condiciones políticas y sociales que comprometen sobre todo a los gobiernos, pero también a las instituciones de la sociedad civil y a los ciudadanos como individuos: rechazo a la impunidad, la constitución de una alianza político-social contra la corrupción a largo plazo basada en la articulación de intereses, el fortalecimiento del liderazgo público y privado, y el establecimiento de un coto a la corrupción sistémica”.

Este abordaje integral permitiría tener un marco anticorrupción que, se esperaba, asumiría la siguiente administración en julio del 2001.

Pero ese siguiente gobierno fue el de Alejandro Toledo, hoy extraditado precisamente por un caso de corrupción mayor. Podemos inferir por qué, durante su mandato, el estudio de la INA fue encarpetado y se promovieron medidas efectistas que no perseguían ningún resultado real. Es el caso del nombramiento del zar anticorrupción, de título rimbombante, pero sin facultades concretas más allá de construir una “cultura de la moralización”. En ese momento, el hoy acusado de colusión y lavado de activos por presuntamente haber recibido una coima de más de US$30 millones de Odebrecht declaró a la prensa: “Tenemos que entender que los costos de la corrupción son muy altos, no solo en términos económicos, sino también en términos psicológicos y de riesgo del país”.

Quizá lo que más indigna de este caso es que, tras el develamiento de la red de corrupción que copó el Estado Peruano en los 90, Toledo encarnaba una propuesta de cambio. Tuvo gabinetes preparados, pero desde el primer día fueron constantes las denuncias de corrupción de su asesor personal, sus familiares y gente de su partido. Lo mismo vimos después con Pedro Castillo, quien representaba un cambio para un sector importante de la población que hoy se ve, nuevamente, traicionado. Y cuyo gobierno desmanteló lo avanzado en meritocracia y profesionalización del Estado.

Por 20 años, la organización Proética, el capítulo peruano de Transparency International, ha realizado la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú. En su más reciente edición, de agosto del año pasado, el 81% de encuestados opinó que en los últimos cinco años la corrupción ha aumentado y llegado a un nivel inédito. Solo el 10% tenía esperanza de que se pueda reducir este problema en los próximos cinco años, mientras el 53% está seguro de que seguirá aumentando.

Además, por primera vez desde el 2004, el Gobierno Central fue percibido como una de las instituciones más corruptas (42%), por debajo del Congreso de la República (60%), que sigue sobre su promedio histórico, y por encima del Poder Judicial (34%). Mientras que en el 2017 el 44% creía que el gobierno nacional debía liderar la lucha anticorrupción, en el 2022 esta cifra bajó de 22%.

Desde el 2001, a la INA le siguieron múltiples iniciativas para abordar el fenómeno de la corrupción: el Consejo Nacional Anticorrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción, la Comisión Presidencial de Integridad, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)… Es decir, diagnósticos tenemos. El problema tampoco es falta de legislación. De hecho, si algo hay que destacar es el papel que está jugando la justicia. Puede ser desesperantemente lento, pero somos el único país de la región con mandatarios condenados, procesados, investigados. Las dos caras de la moneda son cuán sistémica es la corrupción en nuestro país, pero también qué pesos pesados están siendo llevados al banquillo de los acusados. Y eso no es poca cosa.

Que el caso de Alejandro Toledo, tan descarado por la forma como se valió del discurso anticorrupción para su beneficio personal, nos impulse a actuar. Dejemos de normalizar la corrupción. Denunciémosla. Que el castigo legal venga acompañado de sanción social. Que sea un tema que sencillamente dejemos de tolerar como sociedad.