Este jueves 7 puede concretarse en el Congreso un nuevo golpe contra la democracia. No otra cosa sería la eventual decisión de la mayoría contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de inhabilitar a sus integrantes por “haber violado” la Constitución al mantener a Inés Tello en esa institución a pesar de haber sobrepasado los 75 años de edad.
El mandato de cualquier miembro de este importante organismo autónomo es de cinco años. Inés Tello fue elegida en diciembre del 2019; por lo tanto, su período corresponde al lapso 2020-2025. No obstante, según la particular lógica de un grupo de pertinaces congresistas, su nombramiento habría sido solo para que ejerciera unos pocos meses, dado que ya había cumplido 74 años.
Lo paradójico del argumento central –por el que se quiere sancionar a todos los integrantes de la JNJ– es que tres de los cinco magistrados suplentes también tienen más 75 años y no podrían reemplazar a los titulares (esto deja clara la interpretación constitucional de los evaluadores del concurso de selección cuando designaron a los miembros del organismo: cumplir 75 años en el cargo no implica que deban dejarlo).
No son nuevas las ganas de la actual mayoría del Congreso contra la JNJ, que tiene como atribución nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como nombrar, renovar en el cargo o destituir al jefe de la ONPE y el Reniec. A fines del 2023 ya intentaron sin éxito conseguir firmas para una acusación ante el pleno.
Los argumentos que le quitan sustento a los vacadores se pueden resumir así: 1) el límite de edad de 75 años es para ser designado, no para dejar de ser miembro o integrante; 2) ni la Constitución ni la ley orgánica de la JNJ explicitan que los 75 años sean tope para continuar integrando la JNJ; 3) ante falta de precisión, en caso de haber interpretaciones jurídicas distintas debe tomarse como válida la de la propia JNJ; de lo contrario, habría injerencia indebida; 4) la inhabilitación de los miembros de la JNJ la dejaría sin ‘quórum’ y, por lo tanto, sin poder decidir sobre asuntos cruciales como ratificar o no a los jefes de la ONPE y el Reniec, y la destitución o no de la actualmente suspendida Patricia Benavides; y 5) el 13 de febrero el Tribunal Constitucional, al integrar a Marco Tulio Falconí a la JNJ, subraya en su sentencia que “[…] durante el concurso público de nombramiento de los miembros de la JNJ se entendió que la elección correspondía al período 2020-2025. Prueba de ello, el defensor del Pueblo […] tomó juramento […] utilizando la siguiente fórmula: ‘Dr(a). [nombre] ¿jura usted […] cumplir con las obligaciones […] como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia para el período 2020-2025?’. Ante lo cual los miembros electos respondieron afirmativamente”.
Según Margaret Satterthwaite, relatora sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, la amenaza es alarmante: “Una administración de justicia independiente es la primera línea de protección de los derechos humanos de todos y garantiza el derecho a exigir justicia. Respetar el Estado de derecho y fomentar la separación de poderes y la independencia de la justicia son requisitos indispensables para la protección de los derechos humanos y la democracia” (“El País”, 2/3/2024).
Dicho con claridad: para un significativo sector de la comunidad internacional el Perú está corriendo el peligro de seguir el indeseado camino de Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
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