La otra polarización

En el Perú actual, la polarización no se relaciona solo con las pugnas entre el Legislativo y el Poder Judicial, o entre el Legislativo y el Ministerio Público, ni entre los progres y los conservadores, sino también con razones más “estructurales”, por llamarlas de alguna manera.

En el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Actuar, confiar y conectar caminos”, se pueden encontrar algunas de estas otras razones. Citando la II Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (2024), el informe anota que cerca del 60% de los peruanos considera que la desigualdad entre ricos y pobres es “muy grave”. Asimismo, más del 50% califica del mismo modo la desigualdad entre las ciudades y las zonas rurales, y entre Lima y el resto del país.

Algo similar e incluso más polarizado se encuentra con referencia a la desigualdad en el acceso a servicios esenciales. La percepción negativa sobre la igualdad en el acceso a la justicia es del 75%; a la salud, más del 60%; y a la educación y el trabajo, más del 50%.

El Perú ocupa el último lugar entre 17 países latinoamericanos cuando se consulta si en el respectivo país de cada encuestado se gobierna “por el bien de todo el pueblo” (9%) o de “unos cuantos grupos de poderosos” (91%). Este es un dato que evidencia la frustración y el descontento ciudadano hacia el sistema político.

Al consultar sobre los factores que más pueden ayudar a tener “un país más igualitario”, una mayoría relativa (31%) responde que un “Estado más justo”, mientras que un segundo grupo aboga por que “haya crecimiento de la economía” (21%).

Tomando en cuenta las percepciones anotadas, puede afirmarse incluso que el país se encuentra políticamente menos polarizado de lo que podría estar. Es probable que esto se deba a la falta de partidos medianamente sólidos, que articulen intereses y desarrollen una mayor capacidad de negociación.

La opinión de que los esfuerzos individuales son centrales para explicar el éxito o fracaso económico y social de una persona –66% considera que “las personas en pobreza que no tienen empleo podrían encontrar trabajo si se esforzaran más”– no alcanza para justificar el centralismo limeño, el abandono de las zonas rurales, y las desigualdades en el acceso a la justicia, educación y salud.

La campaña electoral que ya se inicia activará estas percepciones, que eventualmente encontrarán a quien las representen.