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Disolver el Congreso, una medida popular, por Fernando Rospigliosi

“Vizcarra está centrando su agitación en algo más tangible y muy popular: clausurar el Congreso ahora”.

Fernando Rospigliosi Analista político

Martín Vizcarra

 “Lo único que ganaría el gobierno sería desaparecer a la actual mayoría keikista, pero a un precio altísimo”. (Foto: Andina)

Aguijoneado por una nueva caída de popularidad, el presidente Martín Vizcarra ha emprendido otra campaña contra el desacreditado Congreso, aferrándose al único tema que cree le puede proporcionar un nuevo impulso, a falta de resultados de su mediocre gobierno.

En efecto, la última encuesta de Datum muestra que su aprobación descendió un par de puntos, al tiempo que su desaprobación creció cinco puntos porcentuales (“Gestión” y “Perú 21”, 10.9.18), frenándose así su espectacular alza luego de que propusiera prohibir la reelección de congresistas.

Peor todavía, el 45%, la mayoría, cree que las reformas constitucionales planteadas por Vizcarra son populistas, y 44% piensa que de verdad está interesado en esas reformas. Un resultado sorprendente, teniendo en cuenta que el gobierno, como es usual, cuenta con una mayor audiencia para sustentar sus puntos de vista, y que, además, en este caso está apoyado por la abrumadora mayoría de medios de comunicación.

Por último, una aplastante mayoría, el 79%, cree que el país está yendo por un rumbo equivocado. Esto probablemente se explique por el ambiente de confrontación que se ha gestado desde que el 28 de julio Vizcarra desató nuevamente el conflicto con el Congreso, alentado por una frenética barra brava de antikeikistas. La belicosa respuesta de la oposición también ha contribuido a producir ese escenario, donde cuatro de cada cinco peruanos se muestran pesimistas sobre la ruta que estamos siguiendo.

Como era de esperarse, la mayoría del Congreso está avanzando todo lo parsimoniosamente que puede en la discusión de las propuestas de reformas constitucionales del gobierno, aunque la verdad es que no es sencillo llegar a acuerdos sobre asuntos realmente importantes, como la composición y funciones del nuevo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que nombra y destituye a jueces y fiscales. De hecho, incluso los más entusiastas defensores del gobierno tienen fundadas objeciones a su propuesta.

Al gobierno parece que eso no le importa. Su interés está centrado en hacerlo rápido para ganar puntos en las encuestas. Pero tiene algunos problemas para lograrlo. Por ejemplo, cómo persuadir a los ciudadanos que la no reelección de congresistas o la bicameralidad el 2021 mejorarán su situación ahora, cómo aumentarán el empleo y los ingresos, cómo incrementarán la seguridad ciudadana, cómo destrabarán el flojísimo proceso de reconstrucción (que ahora Vizcarra dice que estará listo el 2021, cuando él deje el gobierno y a nadie le interese ya su gestión, sino la del nuevo presidente).

Debido a la dificultad de ese salto lógico –las reformas políticas futuras cambiando la situación del ciudadano de a pie hoy día–, Vizcarra está centrando su agitación en algo más tangible y muy popular: clausurar el Congreso ahora. Según una encuesta de CPI de agosto, el 83% respaldaría esa medida, una proporción similar al apoyo que tuvo Alberto Fujimori cuando clausuró el Parlamento en 1992.

El mecanismo sería plantear una cuestión de confianza para forzar la censura del Gabinete que preside César Villanueva –deshaciéndose del ahora incómodo presidente del Consejo de Ministros–, disolviendo el Congreso y convocando nuevas elecciones. No obstante, esa alternativa tiene varias dificultades.

La primera, que de acuerdo a varios expertos no es posible plantear una cuestión de confianza sobre, por ejemplo, el referéndum. Los congresistas también sostendrán que este no sería el segundo Gabinete derribado, sino el primero, cuestión dudosa pero igualmente disputable.

Aun superando esas controversias legales, si el presidente Vizcarra se saliera con la suya, no es seguro que logre su cometido: mejorar su popularidad y fortalecerse políticamente. El proceso de cerrar el Congreso y realizar nuevas elecciones paralizaría el país durante, por lo menos, medio año. Crearía una nefasta atmósfera de incertidumbre, porque nadie sabe cuál sería la composición del nuevo Parlamento. Sin partidos políticos sólidos, sin caudillos que arrastren votos para sus listas, lo más probable es que sería un Congreso muy fragmentado, cuyos resultados son impredecibles. Además de la exacerbación de expectativas en una campaña que sería, sin duda, una desenfrenada competencia de promesas irrealizables.

Lo único que ganaría el gobierno sería desaparecer a la actual mayoría keikista, pero a un precio altísimo, porque no podría eludir su responsabilidad en la parálisis del país que se produciría en ese período, con obvias consecuencias sobre las condiciones de vida de los peruanos. Y las dificultades para gobernar con un Congreso balcanizado, que podría desatar un festival de medidas populistas con miras a las elecciones del 2021, quizás no serían menores que las de ahora.

Con esas perspectivas, no es seguro que el presidente Vizcarra se anime realmente a cumplir sus bravatas de cerrar el Congreso. Pero en verdad, nunca hay que subestimar la torpeza e irracionalidad de los políticos.

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