Nueva crisis institucional

No es poca cosa que la fiscal de la Nación haya denunciado ayer que “se está llevando a cabo un golpe a la democracia”, y que haya alertado a la comunidad nacional e internacional que estaríamos ante “el primer paso de un golpe al Estado democrático del país”, con el intento de respuesta de la fiscal Patricia Benavides de asumir por la fuerza ese cargo; todo esto después de la decisión de la Junta Nacional de Justicia de dejar sin efecto la destitución de Benavides. No solo está el pronunciamiento de la fiscal Delia Espinoza, también los fiscales superiores coordinadores nacionales de las fiscalías especializadas del Ministerio Público se han pronunciado en defensa de la autonomía de su institución y de “la lucha frontal contra la criminalidad organizada”. Recordemos que en diciembre del 2023 Benavides fue destituida como fiscal de la Nación por la junta (por unanimidad en su conformación anterior), por interferir en una investigación en contra de su hermana Enma, a su vez investigada por emitir fallos a favor de narcotraficantes a cambio de sobornos, entre varias otras acusaciones. La nueva conformación de la junta anuló la decisión previa, y pretende restituir en su cargo a Benavides, aun cuando Espinoza fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos en octubre del 2024, para ejercer el cargo por un período de tres años. Si bien Benavides no logró cumplir con el objetivo de asumir la dirección de la fiscalía, muy probablemente logrará recuperar su puesto como fiscal suprema.

El gran problema es que lo que debería ser una disputa por derechos supuestamente vulnerados es convertido por Benavides en una supuesta lucha entre facciones políticas que buscarían el control de la fiscalía. La estrategia de Benavides frente a sus cuestionamientos pasó por luchar por llegar a ser elegida fiscal de la Nación, enfrentarse a su predecesora para ganarse el apoyo del Congreso, alinearse a este y buscar su apoyo como supuesta perseguidora del presidente Castillo y de sus aliados, y politizar su propia defensa. Así, su destitución no se presenta como consecuencia de sus irregularidades, sino de una supuesta maniobra de adversarios políticos. Para esto cuenta con el apoyo del sector mayoritario del Congreso, y de la mayoría de la nueva junta, también fuertemente alineada a este.

La maniobra de Benavides, al momento de redactar estas líneas, parece haber sido parcialmente contenida por el momento, pero se trata de un evento que hay que mirar en contexto: en las últimas semanas y meses diferentes sectores actúan en consonancia con la mayoría del Congreso para, en nombre de la defensa de sus derechos conculcados por supuestos adversarios políticos, lograr ventajas e impunidad. Desde la reciente ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, sentenciados por violaciones a los derechos humanos (presentada como una medida humanitaria, pero pasando por encima de los procedimientos de indulto), hasta la reforma constitucional que busca el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, eliminada en el 2021, entre otros.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, no debería sorprendernos ni escandalizarnos que existan diferentes maneras de entender y ejercer el derecho, y que diferentes sectores políticos busquen ganar influencia en el sistema de justicia. Pero las disputas en el ámbito jurídico deben resolverse con criterios jurídicos, y no con criterios políticos, sean los que fueren.