La otra incapacidad

La semana pasada, el Poder Judicial condenó a Pedro Castillo, a su exjefa del Gabinete Betssy Chávez y a su exministro del Interior Willy Huerta por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. A los tres les impuso una pena de 11 años y cinco meses de cárcel por conspirar contra el orden constitucional para evitar que se votara una moción de vacancia contra el expresidente debido a los graves indicios de corrupción que pesaban –y pesan todavía– sobre él y su círculo más cercano.

Unos días después, les tocó el turno a los propios congresistas –esos mismos parlamentarios que tres años atrás fueron el blanco del mensaje golpista de Castillo y a los que, por orden de este, la policía trató de impedir que ingresaran a la sede legislativa– de sancionar a los autores del zarpazo. Hay que decir que el solo hecho de haberse tardado 36 meses para poner a debate una sanción de este tipo ya es, en sí mismo, reprochable. Pero lo más grave fue que la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 10 años propuesta para cada uno de los responsables no estuvo ni cerca de aprobarse. Para Castillo y Huerta solo se consiguieron 44 de los 68 votos que se necesitaban, mientras que para Chávez se reunieron 54. Algo sumamente llamativo, considerando que aquella tarde de diciembre del 2022 más de 100 congresistas apoyaron la destitución del golpista.

Es verdad que lo ocurrido en el Congreso no iba a tener consecuencias tangibles, pues Castillo, Chávez y Huerta ya están inhabilitados de ejercer un cargo público en virtud de la sentencia que pesa sobre ellos. Pero, aún así, la votación era importante para que el Legislativo enviara un mensaje contundente sobre el destino que les espera a quienes busquen destruir la democracia. Y el mensaje que terminaron dando no puede ser más peligroso.

Como hemos dicho en anteriores ocasiones, hay muchos cálculos políticos en juego: desde la izquierda que busca edulcorar el paso de Castillo por Palacio de Gobierno hasta el intento de Podemos Perú de congraciarse con un sector del electorado sumando en su plancha para el 2026 a Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, quien esta semana fue al Congreso solo a insultar a los parlamentarios, incluyendo a los de su propio partido.

Aunque todavía no se han presentado reconsideraciones para enmendar el resultado de las votaciones de esta semana, parece poco probable que más de 20 congresistas cambien el sentido de su voto. Por lo que, al final, la historia registrará que el mismo Congreso que evitó la consumación de un golpe de Estado fue luego incapaz de sancionar a quienes lo perpetraron. Una vergüenza que empaña el buen juicio que mostraron inicialmente.