Eufemismos petro-peruanos

Aun para un gobierno que puede cambiar de posición sin cambiar de posición es difícil de justificar ante la opinión pública su apoyo incondicional a Petro-Perú. Por eso tiene que adoptar un tono entre optimista con respecto al futuro de la empresa –como quien dice, vale la pena apoyarla– y estricto en cuanto a los presuntos límites.

Comencemos por el reciente viaje de inPerú. El Ministro de Energía y Minas declaró a la agencia oficial Andina que encontró “mucho interés” entre “inversionistas estratégicos”. No nos cabe duda; seguramente hacían cola. El Ministro de Economía y Finanzas no se quedó atrás: antes de fin de mes –o sea, en menos de una semana– cinco o seis bancos de inversión van a presentar sus propuestas para reperfilar la deuda de Petro-Perú.

Ni bien llegado a Lima, solo por si acaso, comenzó a reperfilarla él mismo con una colocación al Banco de la Nación –“no pun intended”, como dicen los británicos– de un bono de S/1.000 millones (o US$287 millones). El bono tiene un plazo de nueve años y se usará para refinanciar dos cartas de crédito garantizadas por el tesoro público que vencieron en agosto y setiembre y que Petro-Perú obviamente no ha podido pagar. Un ejemplo, dicho sea de paso, de lo que un sistema público de pensiones haría con la plata de los afiliados si desapareciera el sistema privado.

El Presidente del Consejo de Ministros, por su parte, ha anunciado que no se le dará un sol más a Petro-Perú que no sea para capital de trabajo. Pero con eso no se estrecha mucho el cerco. Los sueldos imputados al costo de los productos en proceso son capital de trabajo. La compra de insumos para la refinería y la importación de combustibles y lubricantes para la comercialización, negocios que explican el 100% y más de las pérdidas, también son capital de trabajo.

A todo esto, Petro-Perú acaba de convocar a su junta de accionistas para informarle que sus pérdidas acumuladas han superado el 50% de su capital social. Al paso que va, de acá a un año podría haber perdido otros US$700 millones, con lo cual las pérdidas acumuladas llegarían al 67% del capital social y la empresa quedaría, según la ley general de sociedades, al borde de la disolución. El Gobierno, evidentemente, no va a dejar que eso suceda. Llegado ese momento, invocará algún propósito patriótico para justificar un aporte de capital con la plata de todos los peruanos.