Los últimos diez años han sido particularmente disfuncionales para la política peruana, que vive de por sí en crisis permanente. Y si bien hay responsabilidades diferenciadas y, por tanto, preocupaciones y pedidos de garantías acordes con ello, hay ciertos aspectos de aquella disfuncionalidad que parecen haberse convertido en características estructurales del sistema. Quisiera señalar algunos que considero imperioso resolver:
El entendimiento de la política como un juego de suma cero, donde quien se tiene enfrente deja de ser el rival de turno para convertirse en el enemigo que amenaza tu propia existencia, circunstancia en la cual se asume que todo vale con tal de ganar, incluso desconocer los resultados electorales o mentir sistemáticamente para inflamar a tu propia audiencia. Me refiero aquí a esta dinámica tribal y plagada de posverdad que se ha apoderado de la política en muchos rincones del planeta, incluido el Perú.
El uso frívolo y antojadizo de mecanismos como la vacancia presidencial para subvertir las decisiones del electorado sobre quién debe ostentar el poder y, de paso, subvertir también la naturaleza presidencialista que tiene nuestro sistema político, generando una nueva normalidad en la cual la inestabilidad presidencial es la regla.
La rediviva demagogia e irresponsabilidad fiscal del Congreso, en cuyo seno las diferencias ideológicas parecen haber pasado a un segundo plano con tal de habilitar, como si no hubiera mañana, un festival de gasto del cual todos esperan obtener algún rédito político, o quizá algo peor. Y la clamorosa debilidad del Ministerio de Economía para hacerle frente.
El fenómeno de la politización de la justicia / judicialización de la política y todo lo malo que surgió en reacción a ello, como las leyes pro-crimen y la transgresión flagrante de la autonomía del sistema judicial, de un lado, y los injustificables excesos fiscales y judiciales del otro.
La disminución de los umbrales mínimos de meritocracia para elegir a las altas autoridades del Estado, la concepción del aparato estatal como un botín sujeto a “repartijas” y su correlato expresado como una incontenible fuga de talento del sector público.
La naturalización de muertes evitables por el uso desproporcionado de la fuerza en el Estado, que rara vez genera responsabilidades políticas o penales, e infunde la sensación de que la vida de las personas vale cada vez menos para quienes ejercen el poder.
La pérdida de ambición de los políticos y de la sociedad peruana en general respecto de acelerar la reducción de los índices de pobreza, informalidad o anemia, o de incrementar la tasa de crecimiento económico o de acceso a educación o salud de calidad, junto con la tolerancia al desborde de la criminalidad o el uso convenido del populismo penal para hacer creer que se está haciendo algo al respecto.
El rompimiento del vínculo de representación de la clase política, el hecho de que las inmoralidades no acarrean costo político alguno, la generalización de prácticas aborrecibles como “mocharle” el sueldo a los subalternos, el espíritu de cuerpo para librar de sanción a los infractores de turno.
El creciente poder de las economías ilegales, particularmente la minería ilegal, su efecto corruptor en las fuerzas del orden y sus vasos comunicantes con la política formal.
La chatura del debate público, la ausencia de propuestas programáticas estructuradas en los partidos políticos, la escasez de centros de pensamiento, la falta de análisis basado en evidencia, la superficialidad con la que se opina.
La apatía de nosotros, los ciudadanos, respecto de lo que pasa en la política, nuestro desinterés por informarnos mejor sobre los problemas que actualmente enfrenta el país, por escuchar y procurar entender a quienes votan distinto, por identificar y reprobar en nuestro propio entorno, o en nosotros mismos, las conductas que cuestionamos en los políticos, por autoexigirnos permanentemente ser mejores ciudadanos.
Esta lista podría ser más larga, pero aquí nomás hay bastante que trabajar.
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