Sobre la judicialización de la política

Es indudable que, en nuestro país, al igual que en toda la región (y en partes importantes del mundo), asuntos que antes se dirimían en la esfera política hoy se definen en ámbitos judiciales. La mayor sensibilidad frente a problemas de corrupción, mayor vigilancia periodística y ciudadana, un mayor activismo judicial, así como el debilitamiento de los partidos políticos y su relativa pérdida de control del sistema político, explican la creciente judicialización de la política.

En nuestro país, durante buena parte de las décadas de los años 80 la percepción generalizada era que existía mucha corrupción, pero que el sistema judicial estaba fuertemente influenciado por los actores políticos, de allí que también existiera mucha impunidad. La década de los 90 estuvo marcada por el fujimorismo, el autoritarismo, la reestructuración del Poder Judicial y el montesinismo, con lo que la corrupción y la impunidad llegaron a niveles de escándalo, aun para nuestros estándares. La abrupta caída del fujimorismo y la transición a inicios de siglo dieron lugar al inicio del activismo judicial que prosperaría más adelante, en el que además se cruzaron investigaciones de corrupción con otras referidas a violaciones a los derechos humanos. Luego, si bien durante los gobiernos de Toledo, García y Humala tuvimos escándalos de corrupción y sonadas investigaciones, la judicialización de la política adquirió otra dimensión desde la confesión de Odebrecht de sus esquemas de pagos de sobornos en diciembre del 2016. Esto además coincidió con el inicio de una dinámica de creciente confrontación política y de fortalecimiento de posiciones extremistas del espectro ideológico.

El activismo judicial es, a mi juicio, preferible al simple ‘statu quo’ o al excesivo control de los actores políticos sobre el sistema judicial. Pero también es cierto que este incurre en excesos, que en ocasiones se siguen demasiado fácilmente las mareas pasajeras de la opinión pública, como ha ocurrido en muchos países. Ya antes hemos comentado que se han cometido excesos en cuanto a las prisiones preventivas, o en dar por veraces testimonios de colaboradores eficaces que luego no se corroboran con los hechos. En cuanto a los casos que comprometen a altas autoridades, ciertamente son más verosímiles acusaciones contra funcionarios públicos que habrían recibido sobornos a cambio de adjudicación de contratos o de algunas decisiones de política pública, que acusaciones contra candidatos por haber recibido financiamiento de manera irregular. En ocasiones, desde la fiscalía se desarrollan acusaciones sobre esquemas con lógicas conspirativas, en los que no se establecen los mecanismos a través de los que se implementarían los actos delictivos y dejando de considerar explicaciones alternativas razonables que dan cuenta de los hechos que se investigan.

Pero estos problemas no se resuelven desmantelando los avances en la lucha contra la corrupción, sino fortaleciendo la capacidad y autonomía de las instituciones del sistema de justicia. El problema de los últimos años es que frente a los eventuales excesos del activismo judicial hemos tenido una suerte de contraofensiva de múltiples investigados y acusados por temas de corrupción y violaciones a derechos humanos para lograr su impunidad; a la que se han sumado sectores que llevan la politización de los asuntos judiciales aún más allá, denunciado la supuesta conspiración de un grupo político en contra de otro. Ya hemos señalado en esta columna que es natural que los grupos políticos busquen influenciar en el sistema judicial, y que dentro de este haya jueces y fiscales más activistas u ortodoxos, más liberales o conservadores. El problema es pretender resolver en la arena política lo que debe resolverse con lógicas jurídicas. Digamos que se responde a las teorías conspirativas de algunas acusaciones de la fiscalía con otras aún más delirantes y que terminan justificando la destrucción de avances ocurridos en los últimos años y defendiendo los intereses de corruptos y violadores de derechos humanos. Respetar las decisiones del sistema de justicia, criticar sus excesos o errores, intentar resolverlos por vías institucionales es lo que corresponde.