El Perú enfrenta una amenaza que trasciende los daños materiales. El fenómeno de El Niño puede comprometer el crecimiento, el empleo y la capacidad de respuesta del Estado.
El Perú enfrenta una amenaza que trasciende los daños materiales. El fenómeno de El Niño puede comprometer el crecimiento, el empleo y la capacidad de respuesta del Estado.
La reciente encuesta de Mibanco revela el problema: el 79% de las mypes teme que sus negocios resulten afectados y el 87% anticipa consecuencias en la economía familiar. No es solo un riesgo climático: amenaza la producción, el consumo y la recaudación tributaria.
La comparación con el COVID-19 es inevitable, aunque ambos fenómenos sean distintos. La pandemia paralizó buena parte de la economía y obligó al Estado a desplegar un esfuerzo extraordinario para sostener a empresas y familias. En el 2020, el PBI peruano cayó alrededor del 11% y el endeudamiento público aumentó. El costo fiscal buscó evitar un deterioro social mayor.
El Niño opera por otra vía: golpea la agricultura, la pesca, el transporte y la infraestructura; interrumpe cadenas de abastecimiento, encarece los alimentos y reduce los ingresos de miles de pequeños empresarios. La menor actividad reduce la recaudación, mientras que atender daños y reconstruir exige recursos.
El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha anunciado medidas de liquidez para las empresas afectadas y facilidades para diferir impuestos. El gobierno también plantea ampliar la inversión pública y flexibilizar las reglas fiscales para obtener recursos. Se busca evitar que el choque climático provoque una desaceleración más profunda.
La pregunta es cómo financiar la respuesta. Los S/18.000 millones adicionales que serán movilizados para el 2027 contemplan diversas medidas para afrontar las emergencias por El Niño, el alza del precio de combustibles y los intereses internacionales. La holgura fiscal ayuda, pero no es un cheque en blanco: aumentar el gasto y postergar impuestos puede aliviar la emergencia, aunque presiona el déficit y las necesidades de financiamiento.
La lección del COVID-19 es clara: actuar tarde cuesta más. Sin embargo, gastar más no garantiza mejores resultados. Hay que priorizar obras preventivas, asegurar que los recursos lleguen a las zonas vulnerables y apoyar a las mypes viables, evitando que la ayuda se pierda en burocracia o proyectos sin impacto inmediato.
El desafío de Elmer Cuba no consiste solo en amortiguar el golpe, sino en hacerlo sin hipotecar la estabilidad fiscal futura. El Perú ya conoce el precio de una crisis inesperada. Esta vez, la diferencia debería ser la anticipación. La prevención no es un gasto prescindible, sino una inversión para proteger el crecimiento, el empleo y las finanzas públicas.
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