Editorial:Sin pausa

La vorágine que ha remecido la política peruana en las últimas semanas del 2017, que comenzó con la revelación de la Comisión Lava Jato de los pagos que había realizado la compañía Odebrecht a empresas vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski y que dio un vuelco con el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori, ha propiciado una ola de incertidumbre respecto a la continuidad de algunos cargos en el Ejecutivo.

Hubo, sin embargo, una dimisión que se hizo conocida inclusive desde antes de la sesión parlamentaria en la que se discutió la vacancia: la del ahora ex ministro del Interior Carlos Basombrío.

A lo largo del año y medio que estuvo al frente de la cartera, Basombrío llevó adelante una serie de iniciativas que, en su momento, saludamos o criticamos desde este Diario. Al tratarse de un problema tan complejo como el de la inseguridad, hubiera sido descabellado esperar grandes resultados en una sola gestión. Ahora que el ex director general de la policía Vicente Romero estará a cargo del sector, resulta importante, sin embargo, reconocer las buenas medidas implementadas por Basombrío y su equipo, y aguardar que estas se mantengan.

Dentro de aquellas se cuentan, por ejemplo, el impulso que le dio a la inteligencia policial puesto de manifiesto a través de megaoperaciones que sirvieron para la desmantelación y captura de numerosas bandas criminales –algunas de ellas integradas por miembros de la policía y hasta alcaldes y un ex gobernador regional–. Así, en el curso de 105 megaoperaciones ejecutadas en los últimos 18 meses, se incautaron US$426.305 y S/4’254.040, se decomisaron 1.870 armas y se detuvo a 1.420 personas. Algo similar ocurrió con la expansión del programa de recompensas, que permitió pasar de 31 personas buscadas y 12 capturados a 2.553 requisitoriados en el programa y 774 capturados.

La reforma policial, que le ha valido una inmerecida denuncia constitucional, ha sido otro de los caballos de batalla de la gestión de Basombrío. El ex ministro tuvo que tomar decisiones difíciles pero necesarias, como pasar al retiro a 39 generales de la policía (para corregir el inexplicable incremento producido durante el quinquenio humalista que había dejado a 86 generales) y a 790 agentes policiales.

Precisamente, la Policía Nacional del Perú ha sido una de las poquísimas instituciones que en el último año ha recuperado un poco la confianza de la población (de 17,7% en el semestre junio-noviembre del 2016 a 18,7% en junio-noviembre del 2017, según el INEI). Otros indicadores positivos son los de percepción de inseguridad (se redujo de 89,6% a 86%), victimización (bajó de 28,3% a 26,6%), percepción de vigilancia en la zona o barrio (se incrementó de 37,9% a 47,4%) y calificación positiva del trabajo de la comisaría de la zona o barrio (pasó de 29,7% a 36%), a nivel nacional urbano, entre los años 2016 y 2017 (semestres junio-noviembre). En delitos menores, como robo o intento de robo de dinero, cartera o celular (13,4% y 5,2% en el semestre junio-noviembre 2017, respectivamente), las cifras también han disminuido, aunque muy levemente.

En lo que quizá sí deba diferenciarse el nuevo ministro Romero es en el estilo atropellado y en ocasiones hiperbólico de su predecesor para dar declaraciones poco reflexionadas en asuntos mediáticos como el del incendio en Larcomar, la compra de patrulleros o la (in)existencia de una orden de captura internacional contra el ex mandatario Alejandro Toledo.

Más allá de aquellos deslices, es justo saludar la firmeza y decisión con la que el ministro Basombrío abordó la reforma institucional de la policía y la lucha contra la delincuencia, y desear que esa marcha continúe sin pausa.