Editorial: Chicle, cigarrillos, caramelos

A finales de los ochenta, miles de ambulantes, con tiza en mano, lotizaban indiscriminadamente veredas y pistas del Centro Histórico. Los dirigentes vendían licencias de funcionamiento por metro cuadrado y, los mismos comerciantes, se organizaban para pagar a matones que actuaban como una especie de seguridad privada de “sus” terrenos. Quizás no hayamos vuelto a esos extremos, pero lo cierto es que en las últimas semanas hemos presenciado un incremento exponencial de ambulantes en toda Lima, principalmente en Mesa Redonda, el Mercado Central y Gamarra.

La diferencia, eso sí, es que la variedad de productos que se ofertan se ha incrementado y no solo se limita ya a “chicle, cigarrillos, caramelos”– como lo señala la popular canción de Miki González–, sino también a celulares, partes de autos, fardos de ropa usada, entre otros curiosos productos. Aunque las autoridades han declarado en varias oportunidades que van a combatir este problema de manera frontal, lo cierto es que pareciera que sus palabras se las llevara el viento y su desidia pone en riesgo a los ciudadanos.

Tal vez el ejemplo que mejor grafique cómo la autoridad de la Municipalidad de Lima y del gobierno se ha desplomado en estos días es lo sucedido a comienzos de noviembre, cuando tan solo días después de que representantes del gobierno desalojaran de Tacora a los ‘cachineros’, estos procedieron a movilizarse a las calles aledañas a la avenida Aviación impunemente. El gobierno, además, se comprometió a recuperar la Av. 28 de Julio para el 15 de noviembre y a erradicar a los ambulantes en Gamarra. Promesas que hasta la fecha no se materializan.

Por otro lado, mientras que en el 2011 la alcaldesa Villarán era enfática al señalar que no daría marcha atrás con el comercio ambulatorio, con el tiempo, su equipo se volvió más tolerante con los ambulantes y empezaron a etiquetarlos de una “necesidad social”. Lo indiscutible es que la gestión de la señora Villarán tomó una actitud más laxa respecto al comercio ambulatorio. Actitud que ahora nos está pasando factura, ya que a pesar del despliegue de casi mil serenos en las últimas semanas, esto no ha tenido un efecto significativo. Por ello, en la medida que la alcaldesa y el gobierno hagan solo promesas acerca de cómo van a lidiar con el problema ambulatorio y no tengan verdaderos resultados, su legitimidad e imagen como autoridades se verán severamente afectadas, y, peor aun, los problemas del comercio ambulatorio persistirán.

Y estos problemas son realmente preocupantes. Además de las evidentes consecuencias para la salud pública que significa tener tanta gente aglutinada, sin sufi cientes servicios públicos ni puntos de acopios de basura, tenemos que miles de personas que caminan por la calle terminan en rutas de acceso (y de escape en caso de emergencias) bloqueadas. El problema, por supuesto, se complica en esta época navideña, no solo por el aumento de gente, sino porque vemos apretujados comerciantes vendiendo fuegos artificiales (ilegales en muchos casos), luces navideñas y plástico infl amable, que podrían fácilmente causar un incendio con consecuencias impensables. Basta recordar lo que pasó en Mesa Redonda el 2001 donde murieron 277 personas.

La lamentable realidad de nuestro país es que la gran mayoría de personas que operan en la informalidad lo hacen debido a que las barreras de entrada al mercado formal son sumamente altas. Los abundantes permisos y trámites terminan desincentivando cualquier proyecto emprendedor. Esta situación, como es lógico, fuerza a las personas a buscar cualquier medio de supervivencia para así poder llevar comida a sus casas. Sin embargo, no por ello, debemos dejar de perder de vista que el
comercio ambulatorio representa un problema de fondo para todos los ciudadanos y que no ha sido abordado de manera integral. 

Este problema se ha desbordado por toda Lima, no solo en su área de influencia, sino también en la variedad de productos que se ofrecen. La municipalidad, antes de que termine su gestión, debe hacer cumplir la ley y el principio de autoridad como lo logró con el desalojo de La Parada. Además, Susana Villarán (hasta el 31 de diciembre), y luego Luis Castañeda, junto con los demás alcaldes electos, deberían fomentar una mejor coordinación con Defensa Civil, PNP y Serenazgo para dar una solución integral a este problema.