“Propuestas de corte populista no han faltado durante la etapa de emergencia”. (Foto: Andina).
“Propuestas de corte populista no han faltado durante la etapa de emergencia”. (Foto: Andina).
Editorial El Comercio

Propuestas de corte populista no han faltado durante la etapa de emergencia. En pensiones, en medicinas, en educación, y en varios otros sectores, la tentación por ganar aplausos con la solución fácil ha podido, persistentemente, más que la responsabilidad y el criterio técnico.

Ayer, sin embargo, el presidente ha empezado a explorar nuevos territorios, aún más alejados de la prudencia en la tarea de gobierno. En conferencia de prensa, el mandatario dio un ultimátum a las clínicas privadas. Indicó que, si no se llega a un acuerdo respecto del intercambio prestacional para pacientes con en las próximas 48 horas, aplicará el artículo 70 de la Constitución y procederá a expropiarlas. La amenaza se realizó en vivo y a través de todos los medios de comunicación que seguían el evento. El presidente ha cruzado una línea no menor.

La propuesta –es necesario decirlo en forma clara– es netamente política. No tendrá efectos positivos en la salud de los peruanos y más bien podría agravar una situación ya de por sí dramática. En primer lugar, la cobertura del sector privado alcanza a solo el 5% de las personas. El 95% de atenciones se da en el sector público –entre el Ministerio de Salud y Essalud–. El problema de fondo está, claramente, en un sistema de salud público corroído por la ineficiencia, la negligencia y la corrupción que no da soluciones para la gran mayoría de la población. Si los hospitales funcionasen adecuadamente, no habría necesidad de recurrir a un sector privado que tiene apenas una fracción del tamaño y de los recursos.

En segundo lugar, y aunque no todas han tenido un comportamiento adecuado, el desempeño de las clínicas ha sido superior al de los hospitales si de salvar vidas hablamos. Debido al colapso del sector público, más de 500 pacientes asegurados por el Estado han sido tratados en establecimientos privados, a los que hasta hoy no se les reconoce el costo de la atención. De acuerdo con la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), a pesar de su capacidad reducida, el sector privado viene atendiendo al 21% de los pacientes con COVID-19 internados en UCI. Más aún, del total de fallecidos por la enfermedad, menos del 3% ha muerto en clínicas. Si la recuperación de un paciente grave con COVID-19 es más probable en una clínica que en un establecimiento estatal, es paradójico que la presunta solución a favor de la salud de la población consista en estatizar las clínicas.

En tercer lugar, los detalles de la negociación fallida que gatilló la intempestiva conminación presidencial también son relevantes. Cuando el sector privado llegó a un acuerdo de costos con el SIS para el intercambio prestacional, su jefa, Doris Lituma, fue reemplazada. En su posición se nombró a Moisés Rosas, quien estableció el precio de manera unilateral. De acuerdo con fuentes del sector privado, este precio se encuentra por debajo del costo mínimo necesario para tratar a un paciente con una enfermedad tan difícil como el COVID-19. La consecuencia sería un deterioro de la calidad de atención que reciben los pacientes en las clínicas, lo que a su vez llevaría a mayores tasas de mortalidad.

Pero dar la sensación de que se está sacando la cara por los pobres y haciendo retroceder a los codiciosos dueños de los centros de salud privados viene bien… Sobre todo cuando comienza a hacerse evidente que el esfuerzo por luchar contra el COVID-19 llevado a cabo desde el Gobierno ha sido defectuoso, tardío en muchos de sus aspectos y a la larga no ha conseguido sus propósitos, causando en el camino mayores estragos a la economía que los que tendría que haber ocasionado. Llegados a este punto, parece evidente que la única curva que realmente le preocupa al jefe de Estado es la de su aprobación en las encuestas. Y si en el camino tiene que amenazar, crear la ilusión de falsas soluciones y golpear más la economía del país –porque esa va a ser la consecuencia inexorable de este acto contra la estabilidad jurídica: dañar la percepción del Perú en inversionistas y organismos internacionales– que así sea. Menudo estadista.

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