Editorial:El oro enterrado

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha creado una comisión especial para destrabar las inversiones mineras, simplificando la ‘permisología’. Ello es, en principio, una muy buena noticia. Demuestra que el gobierno reconoce lo que significa la minería para el país (por solo citar dos ejemplos, hasta hace un año la minería compraba alrededor del 15% de lo que producía la industria nacional y 2,5 millones de peruanos vivían de ella, considerando a las familias de quienes trabajan directa o indirectamente para el sector). 

Este comité enseña también que el gobierno sabe que la significativa caída de la inversión en nuevos proyectos no se debe solo a la muy citada caída de los precios de los minerales (que siguen estando por encima de su promedio histórico de la última década).  Ello se hubiera podido contrarrestar con más producción si el inversor minero no tuviese que enfrentarse en el Perú a lo que hace no mucho el ex presidente de la SNMP describía como “un plato de espagueti” normativo (son más de 180 normas que regulan la actividad y que, emitidas por los todos los niveles de gobierno, se entrecruzan, duplican y contradicen constantemente). Como resultado, conseguir todas las aprobaciones necesarias para comenzar a explotar un proyecto minero demora entre 8 y 10 años. 

Desde luego, existe la idea de que lo que se quiere al simplificar las regulaciones es dejar a la ecología y las comunidades relacionadas con la minería a merced de las grandes corporaciones. Pero este no es el caso. Ninguna minera formal puede operar en el país sin permiso de – y sin contrato con–  el dueño del suelo. Y los estándares de calidad ambiental a los que se somete a nuestras mineras formales están entre los más exigentes del mundo (en el caso del índice de azufre para el aire, de hecho, nuestro estándar es mucho mayor al del primer mundo y totalmente inviable). Actuamos como si fuéramos el único país con buenos depósitos en el mundo y como si la inversión no tuviese otras opciones (incluso cercanas).

Ahora bien, si decíamos que el anuncio del Minem es una buena noticia solo “en principio” ello se debe principalmente a dos motivos. El primero: ya antes este mismo gobierno anunció una comisión para destrabar grandes proyectos que opera al interior del MEF. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe de ningún gran proyecto destrabado por efecto de esta comisión…

El segundo motivo para el escepticismo es que muchos de los proyectos están trabados pese a haber pasado ya por el enjambre de trámites y requisitos. Sin embargo, igual no han podido realizarse por conflictos sociales. De pronto, se encontraron con que los permisos y constancias conseguidos a lo largo de muchos años –incluyendo los que provenían de las comunidades campesinas directamente relacionadas con sus proyectos– no valían más que el papel en el que estaban firmados. 

Entonces, no tiene mucho sentido que el ministro cite a Conga (US$4.800 millones ) y Cañariaco (US$1.600 millones), por ejemplo, en el contexto del anuncio de esta comisión antitramitología, porque a Conga y a Cañariaco no los congeló la tramitología. Conga tenía  todos los permisos requeridos para comenzar la construcción, incluyendo el de las 32 comunidades de su zona de influencia. Y cuando  Cañariaco fue bloqueado –mediante una violencia que incluyó el secuestro de varios trabajadores–, por supuestamente no contar con el permiso de una comunidad, la asamblea general de la misma ya había aprobado el proyecto (con la debida certificación notarial). 

Magnífico, pues, si en efecto se va a hacer algo por aligerar la asfixiante carga de nuestra regulación minera, pero el esfuerzo estará incompleto si no se toman medidas para que no hayan más Congas ni más Cañariacos. No es asunto fácil. Tiene que ver con combatir con información las campañas de mentiras que invariablemente intentan sembrar ciertos sectores alrededor de estos proyectos. Tiene que ver también con saber poner en evidencia a los presidentes regionales que, como Santos, exigen que se vaya la minera mientras inauguran hospitales que financió la minera (y mientras hacen, según ha denunciado la fiscalía, pingües negocios personales con obras pagadas por el canon de la misma empresa). Tiene que ver con que se puedan usar más mecanismos como el de obras por impuestos para que las empresas puedan encargarse directamente de que sus impuestos no queden trabados en las arcas regionales. Y tiene que ver también con saber imponer el Estado de derecho cuando se empieza a usar la violencia – y en Cajamarca se secuestró a una ciudad entera– para intentar    llevar al Estado a negociaciones que se producen al margen de la ley y de la democracia en las ya institucionalizadas mesas de diálogo. Está claro, pues, que acá el destrabe pasa por mucho más que por simplificar trámites.