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El gobierno no anda en su mejor momento. Apenas poco más de siete meses luego de su instalación, a su debilidad política se suman la descoordinación interna y una coyuntura de acusaciones de corrupción que salpica a quien se pare cerca. La consecuencia ha sido un bajón significativo en la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de su equipo, así como en las expectativas de crecimiento económico.
Así, en un acto público que incluyó a titulares de cuatro carteras y al primer ministro Fernando Zavala, el gobierno hizo su primer esfuerzo concertado por frenar la hemorragia de aprobación pública e impulsar el crecimiento económico del 2017. Más allá del gesto político de la presentación conjunta de las cabezas de los ministerios más pesados, el “paquete reactivador” deja algunas pocas buenas noticias y otros sinsabores.
Entre los aspectos positivos sin cortapisas, destacan, en concreto, la aceleración de obras por impuestos (aunque los cambios realizados a través del Decreto Legislativo 1250 de diciembre pasado fueron mucho más significativos) y la facilitación para el fideicomiso de garantías en Techo Propio.
Leído con atención, el grueso del plan presentado tiene como motor principal el gasto de gobierno –que, como se sabe, no es otra cosa que el gasto del dinero de los contribuyentes–. El impulso fiscal de S/5.500 millones para inversión pública –la principal medida del plan– será beneficioso y efectivo solo en la medida en que en realidad se llegue a ejecutar (asunto sobre el que se ciernen dudas razonables en vista de los bajos ratios de ejecución pública de meses anteriores) y, sobre todo, en la medida en que la inversión sea destinada a obras que realmente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos o la productividad de las empresas. Gastar dinero de los contribuyentes es –o debería ser– fácil; lo difícil es hacerlo bien.
Otras de las medidas también anunciadas parten de una base cuando menos discutible de intervención pública en mercados privados. La extensión del crédito para mypes, el ‘boom’ de vivienda social a través del fortalecimiento de Techo Propio y el pago de Essalud para aquellos trabajadores jóvenes por parte del Estado (en vez de por parte del empleador) son todas intervenciones con dinero público que juegan al límite del rol subsidiario que la Constitución y la lógica económica dictan para el Estado. Todo ello sin dejar de mencionar la dudosa efectividad de largo plazo que este tipo de subsidios normalmente entrañan.
Es en este contexto que vale la pena recordar que el gasto y la inversión pública, por más bien orientados y canalizados que puedan estar, serán siempre una fracción de lo que representan el consumo y la inversión privados para el crecimiento de la economía. El estímulo a la inversión minera a partir de un fondo de adelanto social –también parte del paquete– va en ese sentido, pero falta hacer mucho más.
El principal impacto que puede tener el plan reactivador, entonces, debe trascender las medidas concretas anunciadas y está, más bien, en la efectividad que tenga para generar confianza en las familias y los inversionistas. La inversión privada, cuatro o cinco veces el tamaño de la inversión pública, lleva tres años de caída consecutiva –alcanzó su pico en el 2013– y su reactivación es hacia donde deberían estar orientados los esfuerzos.
El plan anunciado es una señal de que el Ejecutivo es consciente de la debilidad no solo política sino también económica que enfrenta este año y, como tal, vale la pena reconocer la iniciativa. Pero, a fin de cuentas, no serán ni los gobiernos regionales ni los ministerios los que efectivamente ejecuten la mayor parte de los objetivos del plan. Las familias y empresarios privados, y sus expectativas tienen ahí la palabra.
A pesar de tener algunos puntos positivos, el plan de reactivación económica del gobierno presenta limitaciones en el ámbito más importante.