Secretos de Estado

Incluso para un gobierno pródigo en sinrazones y excusas de pobre consistencia, los alegatos que han ensayado los miembros del círculo cercano del presidente Pedro Castillo para negarse a entregar los videos de vigilancia de Palacio de Gobierno cruzan la frontera de lo habitual y empiezan a bordear lo absurdo.

Como se sabe, el martes la fiscalía y la policía llegaron a la sede del gobierno para detener a Yenifer Paredes, cuñada del mandatario. Labores de inteligencia previas habían determinado que ella se encontraba en el inmueble en ese momento. Las autoridades, sin embargo, fueron impedidas de entrar a Palacio de Gobierno durante más de una hora por indicación del propio presidente. Ese lapso, se presume, le dio tiempo a Paredes para evitar su captura.

Como es obvio, las cámaras de vigilancia de Palacio podrían ayudar a descartar o confirmar esta hipótesis. Después de todo, encubrir a una persona buscada por la justicia es un delito que no se borra por el hecho de que la persona requerida se haya entregado al día siguiente. No obstante, Benji Espinoza, abogado del presidente, indicó que no entregarían los videos, debido que estos podrían contener “secretos de Estado”. “¿Cree que pueden revisarse las cámaras de Palacio? No se puede, porque no es una casa, no es una vivienda cualquiera. Ahí el presidente tiene secretos de Estado. ¿Cómo es que la fiscalía va a conocer secretos de Estado?”, afirmó, sin detenerse a pensar tampoco en qué autoridad ostenta el abogado del presidente en asuntos penales para dictaminar qué videos de instituciones públicas se deben entregar y cuáles no. El ministro de Justicia, Félix Chero, hizo eco de estos argumentos al remarcar que “no por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo resuelven políticas públicas y secretos de Estado”.

Estas explicaciones son, por supuesto, absurdas. Los secretos de Estado están definidos y son aquellos relacionados a compras militares, lucha contra el narcotráfico, cables diplomáticos sensibles y otros que, por su naturaleza, deben estar protegidos del escrutinio público. Los movimientos en un momento cualquiera dentro de una institución pública –como lo es Palacio de Gobierno– no constituyen secreto de Estado, menos aún si se trata de material para una investigación fiscal. ¿O intenta argüir el entorno del presidente que en el preciso instante del intento de detención de Paredes se llevaba a cabo un cónclave confidencial en Palacio? Si el Gobierno desea mantener bajo llaves lo que sucedió el martes, debió ensayar una razón menos burda.

Por supuesto, esta es apenas la enésima vez en la que el Ejecutivo demuestra que sus palabras sobre la transparencia o la voluntad del presidente Castillo para colaborar con las investigaciones son solo un eslogan. A través de su abogado, el mandatario ha puesto todos los obstáculos legales posibles para evitar el avance de las investigaciones en su contra, y el círculo más cercano al mandatario está acusado de encubrimiento personal para evitar mayores delaciones. La lista de visitantes a la casa de Sarratea –prometida el año pasado– sigue brillando por su ausencia, el presidente mismo optó por el silencio durante su interrogatorio en la fiscalía y esta entidad, además, tuvo que esperar cuando intentó entrar a Palacio de Gobierno para investigar las acusaciones alrededor de las licitaciones de Petro-Perú el año pasado. ¿Y qué son todos esos ataques diarios del gobierno a la prensa, al Congreso y a la fiscalía sino otro mecanismo de escape para no tener que responder por sus acciones?

Además, y como se revela en la edición de hoy de este Diario, el presidente ha abierto las puertas de Palacio a personas procedentes de Chota, sin las credenciales laborales idóneas y ha desplazado, en cambio, a personal capacitado. Su círculo personal y profesional se vuelve así cada vez más inescrutable.

Al final, todos los caminos apuntan a lo mismo: hacer lo más opaco posible lo que sucede en la máxima sede de gobierno. Visto así, algo de razón no les faltaban entonces a Espinoza y Chero: ahí parecen estar verdaderamente los secretos de Estado.