En los próximos días, el Congreso debe definir si interpela a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por la situación del dengue en el país. En paralelo, un grupo de congresistas viene preparando una moción de censura contra la funcionaria por el mismo motivo. Su continuidad, pues, pende a estas alturas de un hilo y la verdad no es para menos: en poco más de seis meses ya hemos duplicado el total de casos de todo el 2017, cuando se registró el último gran pico de la enfermedad, mientras que los fallecidos alcanzan ya la escalofriante cifra de los 245.
Llegados a este punto, las explicaciones sobre este desborde del dengue no han dejado de aparecer. Se habla, por ejemplo, de las altas temperaturas registradas principalmente en la costa peruana, de las lluvias copiosas de los meses previos producto del ciclón Yaku, de las fumigaciones que se suspendieron desde el 2020 por la llegada de la pandemia y del estado calamitoso de nuestro sistema de salud tras el golpe del COVID-19. Todo esto es cierto. Pero también es verdad que hay una cuota de responsabilidad de las autoridades que no tomaron las previsiones necesarias ni reaccionaron adecuadamente ante las primeras señales de alerta, más aún cuando hubo voces que advirtieron al respecto.
Esto, que parece evidente a simple vista, no lo es tanto para el Gobierno, pues la retórica que sus integrantes han venido exhibiendo últimamente ha consistido, en buena cuenta, en no aceptar ninguna dosis de culpabilidad por esta crisis sanitaria. El viernes, por ejemplo, en el marco del pretendido ‘balance’ que la presidenta Dina Boluarte hizo de sus primeros seis meses de gobierno, la mandataria ensayó un respaldo a su titular de Salud, afirmando que “ha hecho todos los esfuerzos denodados de la fumigación”. “Y no solo el Ministerio de Salud, sino también Agricultura, Vivienda y Essalud desde el Ministerio del Trabajo”, añadió, como si tratara de convencernos de que el drama que hoy atraviesan regiones como Piura, Lambayeque o Ica se ha desatado a pesar de los esfuerzos de su administración y no por lo insuficientes y tardíos que fueron estos.
La ministra Gutiérrez, sin embargo, fue mucho más allá y trató de defenderse de las críticas ante los reporteros que la abordaron tras la presentación del denominado ‘batallón policial para la lucha contra el dengue’ dos días atrás. Consultada sobre si no sentía que la situación se le estaba escapando de las manos, algo bastante evidente para cualquier observador mínimamente informado, respondió: “¿Pero por qué se va a estar escapando de las manos si desde el primer día hemos trabajado?”.
Y preguntada luego sobre aquellos lugares en los que no se estaba fumigando a pesar de la presencia del mosquito, retrucó: “Yo le pregunto, con total respeto, ¿dónde están las competencias en salud? Las competencias están a nivel regional. Nosotros como Ministerio de Salud damos los paraguas legales, damos las normativas, damos la asistencia técnica, transferimos presupuesto”. Para luego añadir: “Si ustedes solo asumen que el Ministerio de Salud está errando, están equivocados; revisen claramente las competencias, la autoridad máxima sanitaria son los gobiernos regionales […] y en todo mi ejercicio les he transferido más de S/3.500 millones”.
Decir, por supuesto, que la gestión de la ministra Gutiérrez tiene responsabilidad por el azote del dengue no quiere decir que sea la única responsable. Una cosa no quita la otra. Y así como desde este Diario hemos dicho antes que la inacción de los gobiernos regionales y locales ha abonado a esta coyuntura, hemos afirmado también que la titular de Salud no ha dado la talla ante el desafío que la historia le ha puesto al frente. Más aún cuando ella misma acumula varios desaciertos, como anunciar hace casi un mes que “en 15 días” su gestión resolvería el problema del dengue o disolver el grupo de expertos que apoyaban los esfuerzos del ministerio en esta lucha ‘ad honórem’.
Mal hace el Gobierno, en consecuencia, en taparse los oídos ante las críticas válidas y en negarse a aceptar su innegable cuota de responsabilidad por la situación del dengue en el país, peor aún ahora que el Congreso parece dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para hacerla efectiva.
