Valerse de iniciativas populistas –sea cual fuere el tema– para ganar inmerecidos aplausos es de por sí condenable. Pero hacerlo manipulando las expectativas de acceso a mejor educación de gran parte de la población es especialmente perverso.
Y no es otra cosa lo que ha hecho la mayoría de las bancadas parlamentarias desde el 2021 en lo que a educación superior se refiere. Según un reporte publicado hoy en este Diario con información de la consultora 50+Uno, los actuales congresistas han presentado 257 proyectos de ley con el fin de declarar de interés nacional la creación de universidades. Ello implica una iniciativa de este tipo cada cuatro días por los últimos tres años y medio. Del total, 58 se convirtieron ya en ley, y hay 12 pendientes de promulgación de parte del Ejecutivo. Por lejos, la bancada más activa en estos esfuerzos ha sido Perú Libre, con 86 proyectos de ley –casi la mitad de ellos con la autoría del parlamentario Waldemar Cerrón, uno de los más prolíficos del Congreso–.
El problema, por supuesto, es que las nuevas casas de estudios nacen en el papel sin un análisis de viabilidad, de presupuesto, o de los costos y beneficios de abrir una nueva universidad pública en determinada localidad. Varias de estas nunca pasan de ser una ley declarativa, otras se convierten en proyectos de inversión que empiezan pero nunca terminan, y algunas pocas logran operar, pero en condiciones de suma debilidad institucional. Ante eventuales electores expectantes de más y mejor educación para su región, el congresista dice haber cumplido su parte al tener una ley de su autoría para la creación de la nueva universidad, y si el centro educativo no camina como se esperaba eso ya será, pues, responsabilidad de otros.
Vale recordar, además, que en regiones que disponen de transferencias de canon, sobrecanon y regalías, las universidades públicas se llevan montos importantes. Para este año, por ejemplo, el presupuesto público del 2025 asigna S/924 millones a universidades públicas provenientes principalmente de estos conceptos. El control de parte de esos recursos puede ser también un incentivo relevante para la creación de nuevos pliegos.
Si los congresistas quisieran de verdad mejorar el acceso a universidades públicas, el camino lógico es fortalecer las ya existentes, en vez de crear nuevas burocracias sin análisis de demanda educativa y duplicar esfuerzos. Pero ese, por supuesto, nunca fue el objetivo real.
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